Que la impartición de justicia se regatee e incluso deje de aplicarse en el caso de aquellos ciudadanos que simplemente no hablan el idioma español, es una clara señal de que nuestro sistema judicial considera letra muerta el derecho universal de que ante la ley “todos somos iguales”: en México, sin duda, las dificultades de comunicación entre autoridades y procesados indígenas complica el ejercicio de la legalidad y propicia la discriminación.
De hecho, son numerosos los casos que en todo el país dan cuenta de enormes arbitrariedades que se dan en juzgados y ministerios públicos en perjuicio de la comunidad indígena, cuando esta únicamente puede defenderse en su lengua originaria.
Frente a este problema, hoy la Cámara de Diputados advierte que la lengua y/o cultura autóctona de los mexicanos no deben ser una contrariedad para el acceso a la justicia plena y expedita, por lo que la comisión de Asuntos Indígenas aprobó dos dictámenes en materia de atención jurídica y de desarrollo de los pueblos originarios, con la firme intención de darle apoyo a este sector de la población que muchas veces está recluido por falta de un juicio justo y equitativo… por el simple hecho de no hablar español.
Un caso
El 12 de agosto de 2001, un niño fallecía en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, tras verse atrapado por una ráfaga de balas.
Nadie vio de dónde venían los disparos, pero el dedo acusatorio de la vox populi cayó sobre tres personas.
Se trataba de Sebastián, Marcial y Leobardo Zúñiga (padre e hijos mixtecos), quienes hace unos días recuperaron su libertad luego de afrontar un juicio tardío y lleno de anomalías que culminó con una sentencia de 17 años en prisión.
Leobardo fue acusado y condenado en el mismo caso, pero obtuvo su liberad años antes por un gesto humanitario hacia él, después de perder la vista en la cárcel por una diabetes mal tratada.
Pese a que el crimen se produjo en 2001, el juicio de los Zúñiga tardó años en comenzar y culminó en febrero de 2012 con la sentencia de 17 años, que se redujo a diez tras la apelación, justo el tiempo que ya habían cumplido en prisión preventiva.
El proceso tuvo muchos vicios, entre los que destacan la ausencia de un intérprete y traductor; el trabajo del defensor de oficio no fue bueno; y tuvieron que echar mano de cuatro abogados privados que les robaron y que nada hicieron por ellos.
Estos indígenas pasaron diez años en prisión por un crimen que aseguran no cometieron, hasta que una apelación les devolvió la libertad, no porque el juez los considerara inocentes sino “incapaces de comprender el alcance jurídico de su conducta”… por no hablar castellano.
Datos duros
Durante los meses de junio y julio de 2013, ASILEGAL —organismo civil dedicado a defender y hacer estudios sobre juicios indígenas— visitó 13 centros penitenciarios en Guerrero y Oaxaca. Ahí realizaron casi 250 asesorías jurídicas a personas que pertenecen a algún pueblo indígena y se encuentran privadas de la libertad.
La investigación de campo detectó que la mayoría de las personas indígenas recluidas en esos centros ha sufrido violaciones a sus derechos humanos durante el proceso penal: particularmente se identificó que prevalecen los abusos durante la prisión preventiva.
Los centros de internamiento visitados en Oaxaca fueron los de las ciudades de Tehuantepec, Pochutla, Miahuatlán, Matías Romero, Juchitán, Tlacolula, Juquila, Huajuapan de León, y Tlaxiaco.
En cuanto a Guerrero, se visitaron los centros penitenciarios de Ayutla de los Libres, Acapulco, Tlapa de Comonfort y San Luis Acatlán.
Las asesorías jurídicas permitieron identificar una serie de problemas; por ejemplo, “el rezago de los procedimientos judiciales, ya que existe un gran número de casos que son anulados por tribunales de apelación, lo que aunado a irregularidades en el proceso penal provoca que la autoridad ordene la reposición de procesos penales y las personas permanezcan en prisión por más tiempo”, dice la investigación.
Y algo revelador: “Estos problemas empeoran por la discriminación ejercida contra los miembros de las comunidades indígenas. El común denominador en estos casos es la falta de un traductor de su lengua con la variable regional exacta, es decir, la incompatibilidad del sistema de justicia oficial con las particularidades culturales de los pueblos”.
Nuevo marco legal
En entrevista con Vértigo, la panista Eufrosina Cruz Mendoza, presidenta de la comisión de Asuntos Indígenas de la cámara baja, describe el contenido de los dos dictámenes aprobados en materia indígena.
“Son modificaciones a las leyes General de Derechos Lingüísticos y de la Procuraduría General de la República, donde ya se establece como obligatoriedad del Estado mexicano que cuando un indígena sea juzgado tendrá el derecho a un traductor, pero que sepa su lengua y su cultura, además de que también los juzgadores conozcan de la cultura y lengua del indiciado”.
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