Rocío Hernández es una de los 34 migrantes que se entregaron a las autoridades estadunidenses el 30 de septiembre como protesta ante las políticas federales de migración y para solicitar asilo en el país.
A sugerencia de su padre, Rocío se puso en contacto con la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes (NIYA, por sus siglas en inglés) quienes por medios legales buscan que jóvenes migrantes que regresaron a su país de origen, puedan volver a Estados Unidos.
Junto a sus compañeros dreamers Rocío cruzó la frontera y se puso en manos de las autoridades migratorias, quienes los mantuvieron casi un mes en un centro de detención en El Paso, Texas.
Rocío fue deportada el 29 de octubre, sin previo aviso a su abogado y sin informarle exactamente lo que estaba pasando.
A las 4 de la mañana la despertaron junto a otras 3 jóvenes con el pretexto de que las llevarían a revisión médica, cuando en realidad se disponían a entregarle sus pertenencias y documentos para ponerla en un avión a la Ciudad de México.
Le informaron que las dos solicitudes que había presentado, de asilo humanitario y de libertad condicional, habían sido negadas y afirmaron que su abogado, David Bennion, había sido notificado.
A esa hora la joven no pudo localizar a nadie que la ayudara, y unas horas después ya se encontraba en un vuelo, acompañada de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rumbo al Distrito Federal. Rocío no fue informada sobre a dónde la llevaban, y se enteró sólo cuando ya estaba a bordo del avión.
Rocío y su padre hablan temerosos y sin rebelar su ubicación en México, pues temen que la joven corra el mismo destino que dos de sus familiares, secuestrados por los Zetas.
Uno de ellos por no pagar cuota al crimen organizado, y otro para exigir dinero a su familiares que se encuentran del otro lado de la frontera.
La justicia estadunidense no consideró que el temor de Rocío a ser deportada fuera un miedo creíble, argumentando que no hay motivos para creer que las autoridades mexicanas no tienen la capacidad de protegerla.
Rocío piensa que su deportación es una manera de enviar un mensaje político: no todos lo que solicitan asilo humanitario lo van a recibir, mucho menos desafiando las leyes migratorias, y que quien desee regresar como ella debería pensarlo dos veces, pues podría ser deportado.
Rocío Hernández llegó con sus papás a High Point, Carolina del Norte cuando tenía 4 años, y de haber permanecido en Estados Unidos podría haber aplicado al Programa de Acción Diferida y estudiado una carrera universitaria.
Rocío, sin embargo, tuvo que regresar a México en julio de 2009, 3 años antes de que el Departamento de Seguridad Nacional pasara el memorándum, debido a que su familia no podía costearle la universidad en Estados Unidos, y aún terminando sus estudios no podría conseguir un trabajo de manera legal.
Mientras Rocío arregla su titulación en México piensa en la manera de regresar a Estados Unidos con su familia, pues no solo se encuentra sola sino culturalmente alienada.
Considera que “su crimen” fue haberse preocupado por terminar sus estudios y regresar a México, eligiendo la única opción que tenía para cursar la universidad.
¿Quiénes son los dreamers?
La DREAM Act es una propuesta de ley introducida en el Senado por primera vez en el Senado en el 2001.
Contempla otorgar permisos de residencia para los migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo pequeños y que hayan terminado su educación preparatoria o servicio militar.
Tras ser reintroducida varias veces, y rechazada por los legisladores, en 2012 el presidente Obama puso en marcha el Programa de Acción Diferida (DACA), que si bien no otorga un estatus legal a los migrantes jóvenes, sí evita su deportación y en ciertos casos les permite trabajar.
Los jóvenes migrantes que cumplen los requisitos y desean permanecer en Estados Unidos para finalizar sus estudios son llamados dreamers, en referencia a la DREAM Act.
Rocío Hernández forma parte del segundo grupo de dreamers que intentaron cruzar la frontera con la ayuda de la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes.