México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en trata y tráfico de personas, ya que es fuente, tránsito y destino para estos delitos: datos oficiales estiman que anualmente 80 mil adultos y 20 mil niños son víctimas, mientras que los grupos en situación de mayor vulnerabilidad son mujeres, niñas, niños, indígenas e inmigrantes indocumentados.
Durante la administración anterior la aprobación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas marcó la pauta de acción.
Sin embargo, en adición a la imperante necesidad de la homologación, los expertos exigen a las autoridades la publicación y aplicación del reglamento correspondiente.
Pendientes
El pasado mes de junio la aprobación de la Ley General contra la Trata fue un importante punto de partida, ya que no sólo enmarcó acciones sino que también estipuló una serie de compromisos que deberán cumplir todos los aparatos gubernamentales.
Para Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, es el primer paso y reconoce que es una ley perfectible: “Estamos muy agradecidos con los legisladores que quieren hacer reformas responsables, pero les pedimos que siempre tomen en cuenta todos los foros y, principalmente, a quienes con tanto esfuerzo apoyaron esta tarea; es decir, a las sobrevivientes y a sus familiares”.
Los expertos apuntan que uno de los pasos más importantes es la homologación legal, ya que se debe armonizar en las 32 entidades para combatir de manera efectiva estos delitos con el fin de “evitar que existan acciones aisladas, sanciones dispares y tipos penales no unificados, lo cual puede redundar en impunidad”, como bien señalan Mario Alfredo Hernández y Julieta Morales en su texto Prostitución: una visión desde los derechos humanos.
Actualmente solo Coahuila, Querétaro y Puebla han homologado sus ordenamientos legales. En el Estado de México, Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco y Baja California Norte se han logrado sentencias en materia de trata. Y en Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz, Querétaro, Oaxaca y Quintana Roo se han realizado operativos contra giros negros donde generalmente se presentan estos delitos.
Sin embargo, únicamente se conoce hasta el momento que en el Distrito Federal, Chiapas y Puebla se ha rescatado a víctimas, asevera Rosi Orozco.
Por ello se requiere de un reglamento que delimite las acciones y establezca todas las medidas necesarias, no solo en los procesos judiciales sino también en la prevención y la reintegración de las víctimas, quienes deben ser el punto clave para la erradicación.
“En esta lucha lo más importante son las personas. Y prevenir para que ningún ser humano vuelva a vivir esta esclavitud. Pero también atender a los agraviados de la manera más humana, de la manera más completa; de lo contrario, se pueden convertir en victimarios o llegan a estar tan enojados que en un futuro podrían representar un problema social muy grave”, acota Orozco.
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