La Organización de Naciones Unidas (ONU) reporta que la trata de personas constituye el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial y genera entre 32 mil y 36 mil millones de dólares cada año, mientras que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que en el mundo hay 20.9 millones de personas, principalmente mujeres y niñas, víctimas de explotación laboral y sexual.
Ante esta violación al derecho a la integridad y dignidad personal, vida, salud y libertad, México tiene una gran tarea pendiente, pues a querer o no es fuente, tránsito y destino para la trata de personas con fines de explotación sexual, comercial y de trabajos forzados.
Los grupos más vulnerables son mujeres, niñas, niños, indígenas y migrantes indocumentados. Y aunque no existen cifras oficiales, monitoreos y estudios diversos apuntan que casi medio millón de personas son explotadas sexualmente en nuestro país.
La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac, por sus siglas en inglés), por ejemplo, reporta que en La Merced existen cinco mil mujeres y mil 500 niñas que son explotadas sexualmente con la colusión de policías, funcionarios, autoridades y gobernantes; y que la mayoría de ellas es víctima de trata y otras formas de esclavitud sexual.
Por su parte, la Secretaría de Turismo estima que casi 20 mil niños sufren explotación sexual, lo que provoca daños en su salud física y mental.
Radiografía
El informe Tráfico de mujeres y niñas(os) para la explotación sexual en América, elaborado por el Programa Mujer, Salud y Desarrollo y la Organización Panamericana de la Salud —redactado por Alison Phinney—, establece que la trata de personas se debe a que existe una demanda de cuerpos de mujeres, niñas y niños en la “industria” sexual, la cual es alimentada por una oferta de personas a las que se niegan derechos y oportunidades de desarrollo y progreso económico.
Además, dice, es una dinámica perpetuada por la impunidad y el incumplimiento de leyes, así como por sanciones poco eficientes. Es por ello que los especialistas instan a las autoridades a atacar las principales causas sociales de la trata de personas: pobreza, exclusión social, desigualdad de género y falta de oportunidades para estudiar o trabajar con dignidad.
El doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), asegura, por ejemplo, que en el incremento en el número de casos de trata inciden la dinámica migratoria, la impunidad, la corrupción y los elementos de vulnerabilidad a los que se encuentran expuestas las personas.
A su vez, en el texto Prostitución: una visión desde los derechos humanos”, Mario Alfredo Hernández y Julieta Morales señalan que debido a su complejidad y dimensiones estos delitos han encontrado en cada estado, ciudad y comunidad de México las condiciones para expandirse.
El diagnóstico Human Trafficking Assessment Tool, aplicado por American Bar Association (ABA) en nuestro país, detecta en tanto 47 bandas dedicadas a la trata y documenta que las entidades con mayor riesgo son el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo.
Jade Rivera Rossi, consultora del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sumó por su parte a Puebla, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán a esta lista. Asimismo, declara que el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Distrito Federal y Guanajuato son los principales demandantes de mano de obra de menores.
Compromisos
La aprobación de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas, en junio pasado, marcó la pauta de acción y estipuló una serie de compromisos que deberán cumplir todos los aparatos gubernamentales.
No obstante, Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos Contra la Trata, considera que este fue sólo el primer paso y es una ley perfectible: “Estamos muy agradecidos con los legisladores que quieren hacer reformas responsables, pero les pedimos que siempre tomen en cuenta todos los foros y, sobre todo, a quienes con tanto esfuerzo apoyaron esta comisión; es decir, a las sobrevivientes y sus familiares”.
Los expertos apuntan que uno de los primeros pasos más importante es la homologación legal, pues deben armonizarse las 32 entidades para combatir de manera efectiva la trata de personas con el fin de “evitar que existan acciones aisladas, sanciones dispares y tipos penales no unificados, lo cual puede redundar en impunidad”, opinan Hernández y Morales.
A través de su Programa contra la Trata de Personas, la CNDH promueve distintas acciones, desde la homologación, pasando por la implementación de leyes especiales en cada entidad federativa, hasta la elaboración de una política criminal integral.
Sin duda, coinciden los especialistas, son la prevención del delito —a través de la educación— y la sensibilización sobre las diferentes modalidades y prácticas, dos de las apuestas más sobresalientes.
La CNDH advierte que es fundamental que las personas conozcan los métodos a los que recurren los criminales para enganchar y someter a sus víctimas, entre los que destacan redes sociales; enamoramiento; promesas de empleo; amistad o matrimonio; así como la producción y consumo de material pornográfico.
Rodolfo Casillas, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), opina que si bien “las medidas legislativas son necesarias, siempre serán insuficientes si los gobiernos no destinan presupuestos, no generan personal especializado ni programas, no crean infraestructura para las labores de prevención ni para las de atención”.
Y concluye: “La ley por sí misma no hace milagros; se necesita obra pública; y ahí es donde se está encontrando que no existe respaldo económico necesario”.
Se requiere, además, de intención política y también reconocimiento a las entidades que han dado muestra de resultados.
En entrevista con Vértigo, Rosi Orozco reconoce la voluntad gubernamental de Quintana Roo y el modelo del Distrito Federal, que ha logrado más de 70 hombres encarcelados, 27 sentencias y 20 inmuebles incautados.
Coahuila, por su parte, cerró recientemente todos los giros negros. Y Yucatán llevará, junto con la CNDH, material de prevención a los pueblos indígenas para evitar que los más vulnerables caigan en esas redes, asegura Orozco.
Reinserción social
La trata de personas y cualquier tipo de explotación son las agresiones más atroces a los derechos humanos, por lo que la reparación y reincorporación de las víctimas en la sociedad conlleva procesos complejos.
Para Rosi Orozco, las víctimas son lo más importante y las “valientes sobrevivientes”, como ellas las llama, tienen todo el derecho de ser reinsertadas exitosamente en la sociedad.
Al respecto, Sandra Serrano, también investigadora de Flacso, comenta que los ejes en las políticas públicas requieren mecanismos que tengan como fines últimos el empoderamiento de las víctimas y el lograr que se sientan de nuevo como titulares de derecho a través de atención sicológica y legal, refugio, pero también trabajo.
Y añade: “Necesitamos programas que hagan énfasis en la protección de las mujeres, niñas y niños, entendiendo que los elementos de justiciabilidad de este tipo son distintos; se necesita personal de procuración de justicia que sea sensible a los temas”.
Responsabilidad compartida
El combate contra la trata requiere atención a los problemas estructurales que facilitan la captación y enganche de las víctimas, procesos de justicia expedita y sanciones pertinentes, pero también la protección de los sobrevivientes.
Al mismo tiempo, Armando Hermoso Larragoiti, director ejecutivo del Centro de Investigación, Difusión y Estudios sobre la Trata de personas y Explotación comercial (Cidetec), comenta que para poder enfrentar este problema, la responsabilidad es de todos.
“Necesitamos una sociedad informada sobre lo que es la trata de personas; pero no únicamente relacionarla con la explotación sexual, sino entenderla como un tipo de esclavitud y conocer el panorama completo, en el cual existe explotación laboral, trabajos forzados, servidumbre, venta de personas, matrimonios forzados e inclusive extracción de órganos”, explica Hermoso.
Los expertos consideran que la responsabilidad de las autoridades recae en la creación de mecanismos que hagan cumplir la Ley General.
“Se requiere darle seguimiento no sólo en el Senado, sino también en la Cámara de Diputados, donde también debería existir una comisión ordinaria que cuente con recursos suficientes”, dice a su vez Orozco.
También es necesario, agrega, generar instrumentos de observación y evaluación con criterios uniformes, a fin de impulsar medidas correctivas compensatorias; dar seguimiento a las 97 líneas de acción que la Ley General determina, tanto para la Comisión Intersecretarial como para cada una de las dependencias del Ejecutivo federal; desarrollar estudios de esta ley para identificar lagunas y problemas… Pero sobre todo se requiere de un trabajo coordinado con las organizaciones sociales, insta la organización que Rosi Orozco representa.
Por su parte, la sociedad civil ha hecho una labor importante en la difusión y prevención, así como en el diseño de propuestas de políticas públicas; sin embargo, existen muy pocos albergues y refugios que, ante la desconfianza a las autoridades que padecen las víctimas, son una excelente opción para su reinserción social.
Al respecto, comenta Orozco: “Se debe tomar muy en cuenta a las asociaciones que han dado la vida por las víctimas y que las han protegido, porque son organizaciones profesionales que han dado muestra de ello, aunque sean perfectibles y deban seguir capacitándose”. Y es por ello que se debe estimular el trabajo de la sociedad civil para la creación y regulación de albergues, acota.