El último Reporte global sobre tráfico de personas de la Oficina de Naciones Unidas para el Crimen y las Drogas (UNODC, por sus siglas en inglés) registró 320 casos con fines de esclavitud en nuestro país entre 2008 y 2010, pero datos oficiales mexicanos estiman que 80 mil adultos y 20 mil niños son víctimas de trata y tráfico de personas cada año.
Debido a la gravedad de estos crímenes, las autoridades, a través de leyes y programas especiales, han luchado por la prevención, sanción y erradicación de estos delitos. Sin embargo, en cuanto a la protección y atención integral para las víctimas aún hay mucho por hacer.
A pesar de que se cuenta con instrumentos legales especializados —inclusive, hoy la Ley General de Víctimas es una realidad—, en nuestro país sólo se cuenta con el registro de cuatro refugios especializados, distribuidos en Chiapas, Distrito Federal y Baja California.
Especificidad
Los expertos señalan que cualquier tipo de explotación representa una agresión atroz a los derechos humanos, por lo que la reparación y reincorporación de las víctimas en la sociedad conlleva procesos complejos.
De acuerdo con la UNODC, los principales problemas que enfrentan miles de personas al reintegrarse van desde efectos sicosociales, que incluyen traumas derivados de la experiencia vivida —complicaciones de salud y médicas, ruptura de las relaciones familiares y rechazo de la comunidad—, hasta dificultades económicas relacionadas con la falta de oportunidades de empleo y calificaciones.
Además, los menores deben librar los obstáculos que trae consigo la reincorporación a un entorno escolar debido a la interrupción de la escolaridad.
Por todo ello, Sandra Serrano, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), comenta que los ejes en las políticas públicas requieren mecanismos que tengan como fines últimos el empoderamiento de las víctimas y lograr que se sientan de nuevo como titulares de derecho a través de atención sicológica y legal, así como refugio, pero también trabajo.
Estándares
El Protocolo para Prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, marca los estándares de acción internacional en la atención integral de las víctimas.
Todo Estado parte se compromete a aplicar las medidas destinadas a prever la recuperación física, sicológica y social de los agraviados, inclusive en cooperación con Organizaciones No Gubernamentales u otros sectores de la sociedad civil.
Los programas y acciones deberán ir encaminadas a proveer un alojamiento adecuado; asesoramiento e información sobre sus derechos jurídicos y procedimientos; asistencia médica, sicológica y material, así como oportunidades de empleo, educación y capacitación.
Dicho documento resalta que también se deberá velar por las necesidades de cada persona de acuerdo con la edad, género y tipo de caso, además de prever su seguridad física.
Por su parte, el Estado mexicano buscó alcanzar estos estándares a través de la Ley General para Prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas, la cual marcó una pauta de acción y estipuló una serie de compromisos que deberán cumplir todos los aparatos gubernamentales.
Sin embargo, y en primer lugar, esta ley es perfectible y sólo es el primer paso en esta batalla, argumenta Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, quien destaca que es preciso armonizar y homologar los códigos penales para combatir de manera efectiva y evitar acciones y sanciones dispares.
A su vez, Sandra Serrano opina que el principal problema se relaciona con la manera en que se persiguen estos delitos y comenta: “La persecución es complicada, por lo que implica considerar quiénes son las víctimas, entender su proceso o ciclo de violencia, mientras que al mismo tiempo se debe desestructurar la red de trata de personas, lo cual lleva tiempo y a veces no son los mismos tiempos judiciales”.
Serrano considera que los ciclos penales deben fortalecerse con el fin de que puedan responder a este tipo de delitos y “no tengamos que pasar por las sinergias de los sistemas inquisitivos en los que estamos acostumbrados a trabajar en México”.
En cuanto a la Ley General de Víctimas, Orozco asevera que “lo verdaderamente trascendental es la actitud de los servidores públicos hacia las víctimas, pues lo que se necesita para que funcione es voluntad política”.
Y complementa: “Las leyes son perfectibles. Lo es la Ley Contra la Trata de Personas, y cualquier ordenamiento. Sin embargo, lo más importante es el ser humano y cómo lo tratamos después de que ha sufrido y padecido”.
¡No olvidemos!
El grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) especializado en trata de personas considera importante el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios para formar un personal competente, que tenga probabilidades de brindar una atención integral y encontrar e identificar a posibles víctimas, ya que a través de la capacitación correcta se garantiza que los agraviados no sean penalizados o revictimizados.
Orozco considera que es preciso tener a las personas idóneas, sensibles, capacitadas y con una estabilidad hacia las víctimas, porque ello “traerá un resultado de justicia para que quienes han sufrido puedan ser consolados, apoyados, resueltos sus problemas y reinsertados a la sociedad”.
Serrano opina que “necesitamos programas que hagan énfasis en la protección de las mujeres, niñas y niños, entendiendo que los elementos de justiciabilidad de este tipo son distintos”.
Pero sobre todo se requiere de un trabajo coordinado con las organizaciones sociales, insta Rosi Orozco, ya que “ante la desconfianza hacia las autoridades que padecen las víctimas, la sociedad civil organizada es una buena opción para la reinserción a través de albergues que brindan alojamiento, manutención y oportunidades de estudio y trabajo”.
Y concluye: “Se debe tomar muy en cuenta a las asociaciones que han dado la vida por las víctimas y que las han protegido, porque son organizaciones profesionales que han dado muestra de ello, aunque sean perfectibles y deban seguir capacitándose. Por eso se debe estimular el trabajo de la sociedad civil para la creación y regulación de albergues”.