El uso de la prueba del polígrafo en los procesos de control de confianza de la PGR está justificado y no contraviene el derecho fundamental de debido proceso, determinó la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los ministros estimaron que el objetivo principal de los procesos de control de confianza, es comprobar que los servidores públicos cumplan los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y de respeto a los derechos humanos.
Con ello, Segunda Sala de la Corte negó el amparo que interpuso el agente ministerial Juan Carlos Cruz Valencia, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido), argumentando que afecta los derechos fundamentales.
Los ministros consideraron que es obligación de la PGR garantizar a la sociedad una institución capaz, profesional y transparente, “lo que sólo podrá conseguir si queda acreditado que sus integrantes son éticos, probos, rectos, comprometidos y eficientes”, a través de las pruebas de control de confianza.
Por ello, argumentaron, se justifica plenamente la inclusión de la prueba de polígrafo en los procesos de evaluación de control de confianza, ya que junto con las demás evaluaciones se consigue verificar la honestidad, rectitud, probidad, capacidad y profesionalismo de los agentes del Ministerio Público de la Federación.