Las falsas promesas de gobierno en la administración encabezada por Arturo Núñez Jiménez siguen aflorando: mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tabasco lanzaron 19 exigencias para resarcir sus carencias de equipo como radios, patrullas, vestimenta acorde a las altas temperaturas en la entidad y pésimos salarios como principales causas del mal desempeño del trabajo de la policía contra la delincuencia organizada, el gobernador no invierte los 33 millones 999 mil pesos que le dio en mayo pasado por convenio el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para subsidiar “funciones de seguridad pública”.
Y es que la entidad del sudeste mexicano es una de las más afectadas por la criminalidad: todos los días la ciudadanía vive las consecuencias de la poca efectividad policiaca frente al robo de autos, asesinatos, secuestros (de tabasqueños y migrantes), extorsiones, asaltos a viviendas y comercios.
Se trata de una terrible situación de impunidad delictiva que los cuerpos de seguridad no logran abatir por falta de equipo apropiado, por lo que sus efectivos se quejan de un evidente olvido gubernamental: aunque recibió recursos para seguridad pública, el gobierno de Tabasco no los hace llegar a los policías.
Por si fuera poco, el SNSP —órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob)— ha invertido en la entidad también recursos para diversos rubros en materia de seguridad pública, incluidos subsidios a la policía local, pero ninguno de estos apoyos se ha visto redituado en los servidores públicos.
La desesperación de los policías tabasqueños llega hoy a tal grado que presentaron un pliego petitorio e incluso salieron a las calles a manifestarse, mientras que la entidad sufre las penurias de la delincuencia y la seguridad pública no pasa de ser una falsa promesa de campaña del ahora gobernador Arturo Núñez.
Delitos
Tabasco es uno de los estados del país con más altos índices de violencia de todo tipo, según datos obtenidos —con base en cifras de varias instituciones— por Gerardo Priego, presidente de la Fundación Impulsa Tu Desarrollo.
Priego dice que según el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en Tabasco, siete de cada diez mujeres son víctimas de violencia sicológica, física, sexual o económica.
Tabasco, prosigue, “está hoy en el primer lugar en denuncias por robo con violencia a transeúntes en el país. Tenemos el tercer lugar de robo con violencia, según datos de la Procuraduría General de la República; pero además ocupamos el décimo en extorsión según datos oficiales”.
También, asevera Gerardo Priego, la entidad está “en cuarto lugar a nivel nacional en materia de secuestros, según el Instituto Ciudadano para Estudios de la Inseguridad”.
En términos de población, explica, “ocupamos el número 20, pero en el delito de secuestro desafortunadamente nos encontramos en los primeros lugares, con víctimas ciudadanas de todos los grupos de ingreso económico”.
En cuanto al secuestro de migrantes Tabasco tiene el deshonroso segundo lugar a nivel nacional, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Menciona que se registraron once mil 300 de estos casos en seis meses, “con toda la injusticia y el dolor que significa para nuestros hermanos migrantes, que cruzan por la frontera moderna del Ceibo, municipio de Tenosique”.
Y da más datos: “Este estado, además, tiene el tercer lugar en el país de chavos ninis con casi 24 mil 500 de 17 a 29 años, según cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), quienes no pueden estudiar o trabajar y que se traducen en fuentes de reclutamiento por parte de la delincuencia organizada”.
Con estas cifras Priego refrenda el poco apoyo por parte del gobernador Arturo Núñez a los cuerpos policiacos. “Tabasco se ha convertido en centro de distribución y reclutamiento por el tráfico de armas y enervantes, que entran por la frontera de Tabasco con Guatemala, por una frontera de mil 500 kilómetros resguardada por apenas 150 policías”, revela.
Finalmente, destaca que al problema de la inseguridad se suma el hecho de que de acuerdo al Instituto de Seguridad y Democracia “los habitantes de Tabasco son los que en todo el país más miedo tienen, lo cual seguramente tiene que ver con la desinformación, la falta de organización ciudadana y la desconfianza en el gobierno de Arturo Núñez, el que desafortunadamente se lo ha ganado”.
Problema policial
Con estos dilemas encima, hace unos días decenas de policías marcharon y protestaron ante el Congreso de Tabasco para exigir el cumplimiento de un pliego petitorio de 19 puntos que entregaron a las autoridades, concretamente a las secretarías de Seguridad Pública y de Gobierno del estado.
Entre las demandas de los elementos policiales destacan la homologación acorde a la jerarquía, entrega de uniformes, cese de hostigamiento verbal y capacitación en materia del Nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Además, denuncian que se les pretende imponer un esquema de 24 horas de trabajo por 24 de descanso, cuando vienen trabajando hasta ahora “un día por dos francos”.
También demandan homologación salarial en todas las áreas, mejor equipo de radiocomunicación, patrullas nuevas, capacitación y otras exigencias frente a las que el secretario de Seguridad Pública del estado, Miguel Ángel Matamoros Camacho, solo se ha limitado a entregar un oficio —en poder de este semanario— donde aduce que ya se cumplieron los 19 tópicos petitorios… aunque los policías responden que no es así.
Raúl Jerónimo Amaya, integrante del Movimiento Nacional por la Seguridad y Procuración de Justicia, dice al respecto que las protestas obedecen a que la dependencia no ha respondido a los 19 puntos del pliego petitorio de los policías, donde solicitan mejores salarios, equipo y capacitación.
Isabelino León Miranda, policía que ha encabezado el movimiento, reconoce que todavía no han recibido una respuesta satisfactoria a sus 19 puntos. “No se han cumplido todos los acuerdos que se tomaron luego del paro de policías; por ello es que estamos solicitando a las autoridades que cumplan”, destaca.
León Miranda señala un punto que no se ha querido revelar por parte del gobierno de Arturo Núñez: “La actualización del bono de riesgo con base en la situación de inseguridad y la transparencia en el uso de los recursos del Programa de Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg)”, cuya historia es la siguiente.
Fortaseg
El 19 de mayo de 2016 se firmó un convenio específico de coordinación y adhesión para el otorgamiento de un “subsidio” a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la Función de Seguridad Pública, mejor conocido como Fortaseg, que celebraron el Ejecutivo federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo del SNSP representado por su titular, Álvaro Vizcaíno Zamora; y el Poder Ejecutivo del estado libre y soberano de Tabasco, denominado “el beneficiario”, representado por su gobernador constitucional, Arturo Núñez Jiménez.
El convenio tiene por objetivo, indica el documento en poder de este semanario, “que el Secretariado transfiera recursos presupuestarios federales del Fortaseg al beneficiario por conducto de su Secretaría de Planeación y Finanzas, con la finalidad de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública, con la cantidad de 33 millones 999 mil 80 pesos”.
Asimismo, en las obligaciones del beneficiario, es decir, de la administración del gobernador Arturo Núñez, está la de “ejercer los recursos del Fortaseg prioritariamente para la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos policiales que realizan la función de seguridad pública y, de manera complementaria, para el fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, así como a la prevención social de la violencia y la delincuencia en el territorio”.
No obstante, a cuatro meses ya de que la Federación entregó esos subsidios, los policías de la entidad no ven que se ejerzan, por lo que piden transparencia en cuanto a estos recursos y el cumplimiento de sus 19 puntos petitorios.
De esta manera, las promesas incumplidas por parte del gobernador Arturo Núñez hacen mella en las agrupaciones estatales de seguridad: mientras el Poder Ejecutivo le otorga recursos para afrontar la terrible delincuencia que se vive en Tabasco, el mandatario estatal no los ejerce conforme al convenio acordado y los policías se ven vulnerados por el crimen organizado. Y la delincuencia crece.