La Unidad de Fiscalización detectó gastos no reportados o no comprobados, registro extemporáneo de operaciones, omisión de apertura de cuenta bancaria, rebase de límite de aportaciones, y cuentas por pagar sin documentación comprobatoria, entre otras irregularidades.
El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que las sanciones derivadas de la revisión de los ingresos y egresos de partidos políticos y candidatos independientes durante las campañas de 2016 supera los 420 millones de pesos, y 27% de estas multas se deben al ocultamiento de recursos destinados a proselitismo electoral.
En las labores de fiscalización, refirió, “el INE no se conformó con los dichos de los actores sino que en trabajo de campo, recabando información, pateando (sic) calles, carreteras y plazas, documentó evidencias de gastos en bienes y servicios, y cruzando información con terceros ubicó operaciones que partidos y candidatos le ocultaron”.
Aseguró que el principal obstáculo con el que se encontró la fiscalización de los procesos electorales de 2016 fue la entrega tardía de información por parte de los partidos y candidatos, lo cual ameritó sanciones por 112.5 millones de pesos.
“Es un castigo que pretende inhibir la rendición de cuentas tardía, esta conducta generalizada de partidos y candidatos no puede repetirse en 2018 cuando se juega la presidencia, el Congreso de la Unión y 29 elecciones locales”, señaló.
“En este ejercicio de fiscalización —destacó Murayama— se sancionó por primera ocasión la contratación no reportada en la red social Facebook, e incluso agradeció a dicha plataforma la entrega de información detallada de 24 millones de pesos pagados por una centena de candidatos a la empresa para potenciar los mensajes de sus muros, los cuales fueron sancionados con 150% del monto contratado”.
En tanto, el consejero Javier Santiago Castillo indicó que el retraso que se dio en el registro de movimientos de parte de los partidos “puso en riesgo la fiscalización, porque cerca de 70% de las operaciones fueron registradas la última semana. Entonces, esto dificultó de manera importante la fiscalización”.
A su vez el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que con los dictámenes y resoluciones de la fiscalización “no solo las autoridades electorales tenemos ya una idea clara de la forma en que el dinero público y privado fue utilizado por los partidos y candidatos, sino que la sociedad en general podrá constatar las cantidades comprobables que los contendientes utilizaron en las campañas electorales locales de este año”.
Los dictámenes incluyeron la revisión de ingresos y gastos de ocho mil 271 candidatos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización que contendieron por doce gubernaturas, 966 ayuntamientos, 388 diputaciones locales, 393 presidencias de comunidad y 60 diputados constituyentes de la Ciudad de México.
Conforme a los resultados de la fiscalización se detectó que 38 candidatos rebasaron los topes de gastos de campaña, en los que no se incluye ningún candidato a gobernador.
Reproches
La reacción de los representantes de los partidos ante el INE fue en el sentido de descalificar el trabajo de fiscalización, así como los criterios de los consejeros electorales para imponer las multas.
Jaime Castañeda, representante suplente de Monera, demandó a los consejeros que investiguen de nuevo una denuncia de su partido en la cual ellos acusaron al PRD de la Ciudad de México de haber utilizado 574 bardas para su propaganda proselitista y solo reportaron a las autoridades electorales el uso de 203. De hecho, aseguró que tienen fotografías y ubicación de las bardas no reportadas.
Berlín Rodríguez, representante de Encuentro Social, se quejó de que los consejeros electorales resuelven imponer multas cuando un candidato no reporta como gastos de campaña su asistencia a ciertos eventos masivos, aunque estos no son organizados por él ni por el partido sino se trata de un evento cualquiera.
“Resulta que uno de nuestros candidatos asiste a una fiesta en donde aparece la foto de una persona con una guitarra; luego un partido presenta una queja y después nos inician un procedimiento ante la Unidad Técnica de Fiscalización argumentando que no se había informado ese gasto de campaña, y nos querían cobrar; incluso hasta un monto estimable de un grupo musical. Eso definitivamente está muy complicado, no había ningún otro elemento de prueba (de que el evento fuera organizado por el candidato) más que una foto que el mismo partido político (que presentó la queja) bajó de la página de Facebook de nuestro candidato”.
Rodríguez expresó que “ganamos el asunto; sin embargo, la preocupación es que se apliquen ese tipo de criterios para sancionar, creo que no es correcto, no es debido. Por parte de Encuentro Social estamos apelando a la situación de que debe de aplicarse un criterio correcto, un criterio adecuado con independencia de lo que de manera cuadrada establece la ley”.
Pablo Gómez, representante del PRD, se quejó de que por ejemplo en el Dictamen Consolidado de Fiscalización “no consta ninguna acción de verificación de actividades del PRI en el estado de Tlaxcala; no hay ningún concentrado de visitas de verificación de eventos”. En cambio, aseguró, “al PRD sí le verificaron, contaron las sillas, las camisetas, las cachuchas, todo. Los anduvieron persiguiendo en los actos de campaña, pero al PRI parece que no porque no hay ningún reporte de verificación alguna”.
Francisco Gárate, representante del PAN, señaló que la fiscalización de la autoridad electoral “es incipiente”, no obstante que las acciones auditoras están fortalecidas por lo establecido en la propia Constitución Política.
También reprochó que mientras a los partidos políticos se les obliga a presentar sus reportes en línea para tenerlos y revisarlos en tiempo real, la propia autoridad no presenta sus resultados de manera oportuna.
Desproporción
Gárate igual se quejó de los montos de las multas que impone la autoridad: “Por supuesto que las multas que se imponen deben de tener como efecto el ser inhibitorias pero hoy pareciera, por el monto de las multas, que estas no buscan tener un efecto inhibitorio sino buscan tener un efecto confiscatorio”.
“A mí me parece que multas así de altas sin que se acredite que hay dolo lo único que hacen es afectar la operación y la participación de los partidos políticos en los estados, y con ello la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y en la vida democrática de país”.
Alejandro Muñoz, representante suplente del PRI, se quejó de que “el número de candidatos y el número de operaciones que se hacen dentro de la fiscalización hace muy complejo el procedimiento de reporte”. En este sentido indicó que a su partido le “preocupa la desproporcionalidad de las sanciones del registro extemporáneo de operaciones”.
De manera particular refirió que al PRI también le preocupa “la forma y criterios en la que se pretende sancionar el aspecto tan novedoso como es el caso de redes sociales”.
El representante priista dijo que igual les “preocupa que hay asuntos que de alguna manera se presentan como total, pulcra y absolutamente terminados o acabados por parte de la Comisión de Fiscalización (del INE), pero la cantidad de fe de erratas nos hace pensar que sigue siendo un producto inacabado y que se nos pone en la mesa un producto de fiscalización que aún no está terminado”.
Sobre la desproporcionalidad de las sanciones se quejó de que durante las precampañas la entrega extemporánea de reportes ameritó una multa equivalente a 3% del monto total no reportado, y en campaña pasó a cinco, 15 y hasta 30 por ciento.
Para Muñoz establecer el incremento de las multas —de manera desproporcionada— durante un mismo proceso electoral es un criterio que “no se encuentra establecido en ningún ordenamiento legal”. Añadió que “no están aprobados, desde luego, por el Poder Legislativo, pero ni siquiera están aprobados por el Consejo General del INE estos criterios. Tales sanciones fueron decididas de manera discrecional”.
Impugnaciones
Como ya es habitual los partidos políticos acudieron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para inconformarse por las multas impuestas por el Consejo General del INE.
El conjunto de los nueve partidos nacionales presentaron 54 impugnaciones ante el tribunal, a fin de que las multas sean anuladas o al menos reducidas. Por ejemplo, el PRD impugnó las resoluciones de fiscalización en 14 entidades, en tanto que el PAN impugó las multas en su contra en 13 estados. El PRI, el PT y Morena también presentaron impugnaciones ante el TEPJF.
El partido más multado en los procesos electorales locales de 2016 fue el PRI, en segundo lugar el PRD, en tercero el PAN y en cuarto Morena.