Propone Raúl Cervantes consolidar al Sistema Penal Acusatorio

Para consolidar el Nuevo Modelo de Justicia Penal Acusatorio en todo el país, el procurador General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, anunció el diseño estructural de un inédito andamiaje para procesar los diversos delitos en las procuradurías estatales y de la Ciudad de México, con la finalidad de homologar costos, tiempos, investigación y acciones conjuntas en la procuración de justica nacional en beneficio de millones de mexicanos, para lo cual llamó a “generar una cultura de la resolución”.

Con la finalidad de llevar a cabo este esquema, el abogado de la nación propone consolidar un proyecto institucional bajo la sugerencia de juristas en el seno de las universidades, empresarios, partidos políticos, organizaciones académicas y civiles, el Poder Legislativo y, por supuesto, la sociedad, en cuyo bosquejo por cierto está la aprobación tácita de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

La estratagema de esta campaña, a decir del procurador Raúl Cervantes, es proponer “un diagnóstico institucional sobre el desempeño del Nuevo Modelo de Justicia Penal Acusatorio y exponer una estrategia que tiene como fin consolidar el nuevo modelo procesal penal, para así garantizar sus beneficios para los mexicanos”.

Durante la reunión del 23 de enero de la Conago se dieron dos acuerdos al interior de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que en breve se pondrán en marcha.

Uno consiste en reconocer la necesidad de implementar un nuevo modelo de procuración de justicia que permita homologar la normatividad interna y la estructura de las instituciones de procuración de justicia de conformidad con el nuevo sistema de justicia penal.

Y dos, discutir la participación de las y los integrantes de la Conferencia Nacional en las mesas de trabajo que al efecto implementen el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Antecedentes

Fue durante la presentación del diagnóstico institucional y plan de trabajo ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el pasado 15 de febrero, cuando el procurador Raúl Cervantes presentó un recuento de lo que significa el nuevo modelo de justicia penal en nuestro país.

Cervantes realizó diversas reflexiones al respecto, utilizando datos históricos. “Para el Código Nacional de Procedimientos Penales primero se hizo una reforma en 2008 y tuvo ocho años de implementación. El año pasado terminó la implementación. Algunas entidades federativas empezaron antes y otras después. La implementación fue un gran esfuerzo, pero por sí mismo no es un tema que concluye: como buena figura institucional, tiene que ser perfectible”, dijo.

Aseveró que “hoy estamos en la etapa de consolidación; y la etapa de consolidación no podría ser que donde vivas o en donde naciste haga una diferencia de procurar justicia, que tu derecho al acceso a la justicia, que es un derecho humano, lo ejerzas diferente en el norte que en el sur o que en el centro”, reconoció.

Por lo tanto, agregó Cervantes Andrade, “desde 2008 se había dejado facultado que las entidades federativas legislaran sobre procedimientos penales, es decir, cómo se llevaba estrictamente el juicio, que es por la adversidad o la oralidad, o los medios alternativos. Pero se vio que había una homogeneidad, no una heterogeneidad, ¿Qué significa esto? Que cada quien estaba determinando con visiones completamente diferentes y no unificadas; y, por lo tanto, en la visión no se estaba generando el acceso a la justicia desde la procuración”, puntualizó.

Y estableció por lo anterior que “en 2013 se hace una iniciativa y en 2014 la aprobamos —él era senador en ese año— y entonces se le quitó esa facultad a los estados y se federalizó. Entonces se hicieron un Código Nacional de Procedimientos Penales y tres leyes federales: una de medios alternativos, una de ejecución de penas y otra con respecto de justicia para adolescentes”.

Como resolutivo de todo esto que se legisló, expuso: “Si estas cuatro las sumamos hacen una integralidad de la procuración de justicia. Tenemos que insistir y generar una cultura de entender que las nuevas herramientas en materia penal no son para encarcelar, que principalmente es para solucionar el conflicto y que retorne la paz antes del conflicto. Y que para ello se dieron elementos e instrumentos constitucionales y legales para medios alternativos, criterios de oportunidad, juicios abreviados… Se manejaron varias figuras que no han sido utilizadas en 100% y ahí se ve una ventana de oportunidad muy importante”.

Cervantes reveló que incluso antes de presentar este diagnóstico ya se había puesto en la palestra un proyecto integral y homogéneo para el nuevo sistema penal acusatorio.

“Lo planteé a la conferencia de procuradores y fiscales, porque en esa conferencia están todas las entidades federativas, independientemente de si son fiscalías o procuradurías: el ejercicio y la facultad constitucional es procurar justicia, independientemente de la naturaleza constitucional, estatal o federal que se le haya dado. Se les preguntó que cómo era posible que tuviéramos diferentes habilidades para ejecutar la procuración de justicia. Teníamos diferentes visiones sobre lo que se debía implementar. Y si no hay una sola forma de litigar, tiene que haber una sola forma de estructura institucional o arquitectura institucional en las procuradurías”, recordó.

Cervantes indicó que hay una sola forma de generar los medios alternativos: “Porque es ley nacional, tiene que haber la misma arquitectura institucional que satisfaga esto. Para una misma forma de tener los beneficios o de ejecutar las penas tendría que haber una misma estructura. Si hay una misma forma de procurar justicia para adolescentes, entonces tendría que haber una misma estructura”.

Plan

Con el objetivo de sanear todas estas contrariedades, el procurador explicó los beneficios del Código Nacional de Procedimientos Penales —publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014— para los usuarios del sistema, “ya que hace homogéneos los roles de los operadores y usuarios del proceso penal, así como las reglas del juego con las que se procesan los asuntos. De esta forma, ya no sucede que el proceso penal sea distinto según el lugar donde se haya cometido el delito”, estableció.

Señaló que mientras el marco jurídico penal ha evolucionado y las procuradurías de justicia de todo el país implementaron en tiempo y forma el nuevo sistema penal acusatorio, la arquitectura institucional de la PGR y sus organismos homólogos en los estados, no lo han hecho —por lo menos en el mismo grado.

“Eso explica el escaso uso de elementos del sistema penal, muy importantes por sus beneficios a las personas, como los medios alternativos de solución de controversias, los criterios de oportunidad o la terminación anticipada del proceso, así como la falta de desarrollo de las capacidades de investigación y litigio, importantes para el sistema adversarial”, determinó.

El objetivo central, planteó, es que “de la misma forma que en el caso de las leyes nacionales, y ante las oportunidades de mejora de la arquitectura institucional de las procuradurías o fiscalías, federal y estatales, se diseñe una institución modelo que se pueda utilizar en todo el país. Esto generaría mejoras en el desempeño y beneficios para los usuarios de los servicios de procuración de justicia”.

Mecánica

El procurador general de la República añadió que la propuesta del diagnóstico, pero sobre todo la proposición de la mecánica, ya está en marcha: “Se invitó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), al Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe)… y se ha platicado con alrededor de 14 universidades. Y lo vamos a seguir ampliando a través de la red de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Se ha hablado con cámaras empresariales y de servicios. Se pretende hablar también con la Cámara de Diputados, con el sistema de partidos y con la sociedad en su conjunto… Lo que tenemos que buscar es una homologación de la procuración de justicia”.

Raúl Cervantes se cuestionó: “¿Qué significa esto? Que se presentará la denuncia de la misma forma, con los mismos estándares. Debemos buscar tener los mismos estándares porque esto nos puede reducir tiempos y costos”.

Y afirmó: “Que esto no sea una elemento de generación de impunidad, sino todo lo contrario: de generación de procuración de justicia, sin poder afectar al sistema judicial porque, insisto, no todo se hizo para llevar a juicio: hay que generar una cultura de resolución, que es el mandato constitucional”.

Finalmente, Raúl Cervantes determinó que con todo este andamiaje “podría darse un muy buen fenómeno de procuración de justicia, sobre todo el modelo, que va a requerir de muchos recursos públicos, pero al mismo tiempo con una homologación, una reducción sustancial en el ejercicio de los mismos, para poder lograr todos estos objetivos”.