Ciudad de México, a 30 de enero. Parte de la opresión en que ha vivido la niñez mexicana durante más de cuatro décadas ahora sube de tono: fotografías y videos publicados en medios informativos y redes sociales muestran a menores de seis a 16 años armados como parte de las autodefensas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en la localidad de Chilapa de Álvarez, en Guerrero.
Se trata de un crudo retrato del esquema de ilegalidad en que incurren estas organizaciones al usar a menores de edad.
A decir de expertos la infancia mexicana sufrió en los pasados ocho lustros agravadas condiciones de pobreza, marginación, falta de atención en salud pública, educación politizada, abandono familiar y desnutrición, entre otros padecimientos sociales.
Todo ello, sin duda, es factor determinante para que grupos de la delincuencia organizada y organizaciones civiles de autodefensa comunitaria los utilicen hoy como integrantes de sus plantillas, emulando a ejércitos ilegales que solo se veían en Centroamérica (en los ochenta) o en países de África y Asia.
Para estos conocedores del tema la falta de oportunidades no debe justificar que el mejor baluarte de la sociedad, como es la niñez mexicana, siga siendo usado para engendrar violencia en un círculo vicioso; por el contrario, puntualizan, deben generarse políticas públicas adecuadas para que este sector de la población recomponga los hilos de un tejido social deteriorado por la incesante inseguridad generalizada.
Estos especialistas reconocen que no hay otra alternativa de recomposición y paz social hacia el futuro que reforzar los esfuerzos educativos, alimenticios, de salud e integración familiar enfocados a proteger a la niñez mexicana como la herramienta más sólida y efectiva para frenar de manera integral la descomposición social que afecta de manera irremediable la vida diaria de todo México.
Hechos
El pasado 22 de enero un grupo armado de autodefensas que opera en la zona de Chilapa, en la montaña baja de Guerrero, presentó a un conjunto de niños de entre seis y 16 años como nuevos integrantes de su organización.
Según la CRAC-PF esta tropa de niños armados y enmascarados fueron reclutados como “policías comunitarios”. De hecho en fotografías y videos se les ve portando rifles, escopetas y, algunos de los más jóvenes, palos en lugar de armas.
Además en los videos se evidencia cómo realizan tiro al blanco en un camino de esa localidad.
El líder de la policía comunitaria, Bernardino Sánchez Luna, dijo que “los niños son necesarios debido a que las autoridades no ayudan a proteger su pueblo de los ataques de grupos armados. Han caído 28 compañeros en solo un año, dejando sin padres a 66 niños”.
En un video del evento publicado en redes sociales Sánchez Luna expuso que los menores de doce años únicamente reciben capacitación, pero aquellos de doce a 15 años ya pueden comenzar a vigilar sus poblados.
“Si los menores no portaran armas serían secuestrados por grupos delictivos. Muchos de los niños no pueden continuar con su educación más allá de la primaria debido a que tienen mucho miedo de salir de sus comunidades para viajar a la secundaria más cercana”, advirtió.
Disyuntivas
Y es que si bien se hacen esfuerzos a favor de la niñez mexicana estos resultan todavía insuficientes. Basten algunos indicadores.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) revelan que en México habitan cerca de 40 millones de niños, niñas y adolescentes —en términos relativos representan 35% de la población—, los cuales en su mayoría enfrentan problemáticas múltiples: violencia, bajo aprovechamiento escolar o inasistencia a la escuela, problemas de salud como obesidad y desnutrición, entre otros, muchos de ellos derivados de la pobreza.
De ese total, según estos organismos, 21 millones viven en pobreza, cuatro millones no asisten a la escuela, cada día mueren tres de ellos víctimas de la violencia, una de cada cinco personas desaparecidas pertenece a este sector de la población y cada 30 minutos uno de ellos es hospitalizado por lesiones causadas de manera intencional.
La Encuesta nacional sobre discriminación 2017 (Enadis) advierte que 22.5% de niñas y niños entre nueve y once, así como 36% de adolescentes entre doce y 17 años, considera que en México sus derechos se respetan poco o nada.
Sobre el derecho de participación 24.8% de niñas y niños de nueve a once años manifiesta que su opinión nunca se toma en cuenta en su comunidad.
Respecto de la violencia en el hogar: 14.4% refiere que alguna vez le hicieron sentir miedo; a 13.2% lo insultaron o hicieron objeto de burla; 11.3% se ha sentido menos o ha sido ignorado; a 10.5% lo jalonearon, empujaron o pegaron; 10.1% sufrió amenazas de ser golpeado, y a 9.2% le han hecho sentir vergüenza.
Como se advierte en el Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México de 2017, las instancias de procuración de justicia de las entidades federativas del país reportaron en el periodo 1995 a diciembre de 2016 un total de seis mil 901 casos de menores de edad desaparecidos.
Durante el 18 Congreso de Investigación en Salud Pública, que organizó el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en abril de 2019, el representante de la UNICEF en México, Christian Skoog, expresó que uno de cada diez menores de cinco años padece desnutrición, mientras que uno de cada tres niños de seis a once años tiene obesidad o sobrepeso; es decir: gorditos pero desnutridos.
Un informe de abril de 2019 del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) revela que alrededor de 4.8 millones de niños y adolescentes de tres a 17 años no asisten a la escuela; y aquellas poblaciones en edad de asistir a la educación preescolar (tres a cinco años) y a la educación media superior (15 a 17) “tienen las tasas más altas de inasistencia”.
Casi 3.2 millones de niñas y niños de cinco a 17 años trabajan en actividades económicas no permitidas o quehaceres domésticos, indican datos del INEGI, mientras el Módulo de Trabajo Infantil (MIT) refiere que 2.3 millones de niños en dicha edad se encuentran ocupados en actividades económicas, de los cuales 2.1 millones laboran en trabajos no permitidos.
Esfuerzos
En este sentido son diversos los esfuerzos del gobierno federal por medio del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para fortalecer y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que enfrentan alguna situación de vulnerabilidad.
El DIF, mediante acciones que prevé la nueva Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario, busca la vigilancia nutricional y la educación alimentaria por medio de la participación ciudadana.
“La transición de más de seis millones diarios de desayunos escolares fríos a calientes, con la incorporación de alimentos frescos y nutritivos provenientes de productores locales, representa una herramienta eficaz en el combate a la obesidad infantil”, señala el organismo.
En materia de salud México se ha integrado a la Convención sobre los derechos del niño, que establece que “los infantes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud, así como a descanso, esparcimiento, juego, actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida”.
Bajo esta administración se han prometido apoyos para la niñez y juventud por medio de becas escolares o de capacitación para el trabajo.Jóvenes construyendo el futuro, por ejemplo, establece que miles de jóvenes entre 18 y 29 años pueden capacitarse en el trabajo: el gobierno otorga una beca mensual de tres mil 600 pesos para que se capaciten durante un año, además de cobertura médica.
Uno más es Jóvenes escribiendo el futuro, cuya beca se destina para que jóvenes universitarios de 18 a 29 años permanezcan en las aulas y puedan concluir sus estudios: da prioridad a jóvenes indígenas y afrodescendientes que viven en condiciones de marginación, pobreza y en zonas con un alto índice de violencia; consiste en dos mil 400 pesos mensuales.
También se diseñó el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, que proporciona apoyo monetario a las familias con necesidades económicas y que cuentan con algún estudiante menor a los 18 años: consiste en 800 pesos mensuales que se entregan de manera bimestral al beneficiario.
Llamado
Respecto de los niños integrados a las autodefensas la asociación civil Reinserta exhorta a las autoridades federales y estatales para resolver los más urgentes problemas de las niñas y niños mexicanos.
Asegura que “para atender las problemáticas desde las causas que las originan urgimos a las instituciones a procurar condiciones habitables en las comunidades y a salvaguardar mediante acciones positivas los derechos humanos de la niñez en México. Insistimos en la importancia de la reconstrucción del tejido social, la pacificación y la prevención integral ante la criminalización”.
Reinserta indica que su estudio Factores de riesgo y victimización en adolescentes que cometieron delitos de alto impacto social en México revela que “solo 26% de las personas adolescentes concluyó su educación básica previo a la reclusión y una de cada cuatro adolescentes refiere haber padecido hambre”.
Asimismo “dos de cada tres adolescentes tuvieron acceso a un arma de fuego en su comunidad y siete de cada diez tuvieron contacto con un grupo delictivo de la zona en la que habitan”.
Y es tajante sobre lo que ocurre con la niñez: “Las consecuencias para nuestras niñas y niños que se desarrollan en entornos violentos suelen ser funestas y los marcan de por vida ya que las consecuencias de vivir sucesos traumáticos (conflictos armados, abandono, marginación, negligencia en el cuidado, abuso sexual) son comparados con el estrés postraumático de los soldados al regresar de la guerra”.
Concluye que en 2019 un video y fotografías de la misma naturaleza que los difundidos el 22 de enero mostraron un hecho similar: “Se apreció a un niño leyendo un comunicado diciendo que por cada policía comunitario muerto ellos matarían a diez sicarios. Debe haber un compromiso institucional en este 2020 para que a través de nuestros distintos proyectos y áreas de experiencia trabajemos de la mano de las autoridades federales y estatales, para alejar a nuestras niñas, niños y adolescentes de las dinámicas violentas y delictivas”.
Para los expertos la sociedad, la familia y el gobierno tienen una gran deuda con la niñez mexicana: los niños en edad de desarrollo deben estar explorando, jugando y aprendiendo, no en un estado de alerta, defensa y sobrevivencia.
Ley general de derechos de las niñas, niños y adolescentes
Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo (los menores no deben ser utilizados en conflictos armados o violentos).
Derechos a la prioridad.
Derecho a la identidad.
Derecho a vivir en familia.
Derecho a la igualdad sustantiva.
Derecho a no ser discriminado.
Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral.
Derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal.
Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social.
Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
Derecho a la educación.
Derecho al descanso y el esparcimiento.
Derechos de la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura.
Derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.
Derecho a la participación.
Derecho de asociación y reunión.
Derecho a la intimidad.
Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.
Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.
Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación.
En octubre de 2019 se incorporó el concepto de Violencia infantil (toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, abandono, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual).