La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya el deber del Estado de implementar políticas públicas integrales para proteger la organización y desarrollo de todas las familias mexicanas, cuyas funciones sociales son de la mayor trascendencia para la reconstrucción del tejido social, así como para garantizar el desarrollo de sus integrantes y el bienestar del país.
El fortalecimiento de las familias requiere políticas públicas integrales dirigidas a generar las condiciones propicias para que cuenten con los recursos y servicios adecuados para satisfacer las necesidades de sus integrantes; desarrollar un ejercicio presupuestario con enfoque de derechos humanos que tome en cuenta la opinión y demandas de las familias; crear programas de asistencia social modernos y no paternalistas, y generar políticas laborales para los sectores público y privado para facilitar la conciliación entre la vida laboral y la familiar.