El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social suscribieron un convenio marco de colaboración con el objetivo de establecer las bases generales de cooperación entre ambas instituciones en el cumplimiento de sus respectivas atribuciones.
Durante la firma del convenio, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, señaló que con este instrumento el Instituto y la Secretaría podrán contribuir al nuevo mandato constitucional que exige garantizar la representatividad de las dirigencias sindicales y, con ello, a eliminar una de las viejas prácticas de negociaciones contractuales desvinculadas que tanto daño le han causado al sindicalismo, a la vez que se fortalecerá la cultura democrática de las y los trabajadores del país.
En presencia de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján; del Secretario Ejecutivo del Instituto, Edmundo Jacobo Molina; del Subsecretario del Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo; y del Director Ejecutivo de Capación Electoral y Educación Cívica del INE, Roberto Heycher Cardiel Soto; Lorenzo Córdova refirió que la reforma laboral aprobada en 2017 es de gran relevancia porque crea nuevas condiciones para la justicia laboral y una nueva era para el sindicalismo en México.
Mencionó que entre las novedades de esta reforma se encuentran la eliminación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje; la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y sus 32 centros locales; la designación del director de dicho Centro con el voto de las dos terceras partes del Senado a propuesta del Presidente; y la obligación de las dirigencias sindicales de comprobar su representatividad, y de que sea mediante el voto secreto y directo que se tomen las decisiones principales de los sindicatos.
Lorenzo Córdova explicó que entre las actividades a las que el INE se compromete con este convenio, destacan las relativas a la capacitación y educación cívica; la verificación de datos de la credencial para votar de los afiliados, así como la asesoría necesaria para que la Secretaría del Trabajo pueda usar las herramientas informáticas para dicha validación, sin que ello suponga la entrega de la base de datos del Padrón Electoral.