La grave crisis por la que atraviesa México en materia de procuración e impartición de justicia provoca que de los 33 millones de delitos que se cometieron en el último año casi 99% queden impunes, una muestra de que el modelo de prevención no evita la comisión de ilícitos, a lo que se suma una “puerta giratoria” que genera el actual sistema de justicia e impide la sanción penal de gran cantidad de infractores de la ley.
Ante el grave panorama delincuencial en que se encuentra sumido el país desde hace varios años los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo iniciaron trabajos para emprender una reforma de gran calado en el Poder Judicial para mejorar el sistema de justicia y enfrentar la creciente incidencia delictiva.
A convocatoria del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte y el fiscal general de la República, así como el consejero jurídico de la Presidencia y legisladores de las distintas fuerzas políticas iniciaron el análisis de propuestas y soluciones para integrar un paquete de iniciativas legislativas que tendrá como finalidad perfeccionar el ordenamiento penal y la impartición de justicia en su conjunto.
Involucrados
El coordinador de la fracción de Morena en la cámara alta, Ricardo Monreal Ávila, hizo énfasis en afirmar que la reforma al Poder Judicial es urgente, inaplazable e irrenunciable.
De lo contrario, puntualizó, cualquier política de Estado que plantee un nuevo sistema de seguridad pública sin reformar el sistema judicial “estará condenada al fracaso. Seguridad pública y sistema judicial son los dos pies de cualquier Estado democrático de Derecho”.
De hecho desde mediados del pasado mes de agosto se anunció que el senador morenista Germán Martínez Cáceres encabezaría una comisión de legisladores de Morena que tendría a su cargo preparar la reforma del Poder Judicial, por lo que se espera contar en enero del próximo año con un borrador con los cambios que se requieren.
Monreal expuso que en la nueva etapa que se vive en el país se deben desarrollar instrumentos que impidan que la justicia se aplique de manera arbitraria para favorecer intereses personales o facciosos, librándola de cualquier negociación o compromiso.
El líder de los senadores de Morena aclaró que la reforma se hará directamente con los involucrados, es decir, con los integrantes del Poder Judicial, y recordó que desde 1994, cuando se dio la última gran modificación estructural de ese poder, no existían condiciones en el Congreso federal ni en los Congresos locales para iniciar una reforma de gran envergadura como hoy están dadas, por lo que se trata de una oportunidad histórica irrepetible.
Explicó que se busca que sea una reforma consensuada con el Poder Judicial y se deje atrás la impresión de un enfrentamiento con el Legislativo. “No queremos imponer ni generar exigencias impropias a la estructura del Poder Judicial. Por eso este camino nos pareció el más correcto y el más fácil para construir, en armonía y consenso, reformas que la sociedad exige y que necesitamos en el corto plazo”.
No habrá cambio sin reforma
Al arranque del foro Reforma con y para el Poder Judicial, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, aseguró que no será posible concretar el cambio de régimen y la transformación de México sin reforzar la independencia, calidad y profesionalismo del Poder Judicial.
Agregó que ese poder enfrenta hoy grandes retos que evidencian la necesidad de revisar el sistema de justicia y realizar cambios al interior para devolver a la sociedad la confianza en las instituciones que lo integran.
Ante jueces, magistrados y legisladores refirió que se propondrá reformar diversos artículos de la Constitución para lograr una modificación sustantiva en la justicia local y federal, tanto en su operación como en sus actores, con el objetivo primordial de mejorar el acceso a la justicia, perfeccionar el ordenamiento penal y la impartición de justicia en su conjunto.
Scherer Ibarra mencionó que entre las reformas que se plantearán están la creación de un Código Penal Único, que se aplicará en todo el territorio nacional y garantizará un trato idéntico a las mismas conductas punibles.
Precisó que se dejará a la libre autodeterminación de los estados lo relacionado a la tipificación de hechos relacionados con el aborto, interrupción del embarazo y eutanasia.
El consejero jurídico de la Presidencia destacó que con las modificaciones al sistema judicial se establecerán las nuevas bases para asegurar un mejor acceso a la justicia para todos los ciudadanos mediante una impartición más cercana a las personas, garantizando sus libertades o igualdades.
“Así como lo ha mencionado reiteradamente el presidente de la República, esperamos que parta del Poder Judicial su propia reforma”, subrayó.
Solución a fondo
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, consideró a su vez que se requiere una “solución de fondo” para la crisis que se vive en materia de procuración e impartición de justicia.
Recordó que en nuestro país se han cometido cerca de 33 millones de delitos en el último año, “de los cuales cerca de 99% han quedado impunes”.
Por ello consideró como una necesidad inmediata aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía, además de exhortar a los legisladores a generar mecanismos para “defendernos contra la puerta giratoria” del sistema de justicia, la impunidad y el modelo de prevención “que no está cumpliendo con su deber”.
Añadió: “Quisiera pedirles a ustedes, de nuevo, con mucho respeto, que para el 18 de enero tengamos este cuerpo jurídico en materia penal analizado, discutido y llevado fundamentalmente ante el Poder Legislativo para tener ya, para los mexicanos, una respuesta que sea razonable”.
Gertz Manero insistió en que los datos respecto de la incidencia delictiva son abrumadores y las circunstancias son las más críticas en muchos años.
División de poderes
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, destacó el papel desempeñado por el Poder Judicial de la Federación en la construcción del Estado de Derecho en el país.
Agregó que la Suprema Corte, desde la reforma que en 1994 reconfiguró su composición y facultades para convertirla en el Tribunal Constitucional del Estado mexicano, ha sido un órgano fundamental para nuestra democracia porque sus sentencias han sido instrumentales para transitar a un constitucionalismo real, sustentado en la defensa de la división de poderes, del federalismo y, sobre todo, en el desarrollo y protección de los derechos humanos.
Sin embargo reconoció que a pesar de los avances que ha impulsado el Poder Judicial no ha podido ganarse la plena confianza de la ciudadanía. “Somos percibidos —a veces injustamente— como un poder lejano, desconectado de la realidad, ajeno a los sufrimientos del pueblo, preocupado solo por administrar sus privilegios y que se escuda en la independencia para no rendir cuentas”.
Lelo de Larrea aseguró que esta situación se ha debido en gran medida al fenómeno generalizado del nepotismo y a los casos de corrupción, que si bien están focalizados, tienen hondas raíces y un profundo impacto.
Consideró que para combatir estos males el PJF inició a principios de este año un proceso de autorreforma centrado en los ejes de combate a las prácticas indebidas, fortalecimiento de la carrera judicial, cercanía con las personas y paridad de género.
Aseveró que se está en un momento social y político propicio para una reforma que fortalezca al PJF y que lo dote de mejores herramientas para servir a la sociedad.
Anunció que el Poder Judicial hará llegar al Senado una propuesta de las reformas que, desde su perspectiva, son necesarias para continuar en el camino de renovación emprendido.
“Estamos abiertos al escrutinio y a las propuestas que abonen a la consolidación de un mejor sistema de justicia, entendiendo que la reforma que emerja de este ejercicio debe ser producto de una construcción común, con pleno respeto a la división de poderes y a la independencia, tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial”, apuntó.
Y consideró que como poderes del Estado les une la misma aspiración de servir mejor a la sociedad y la visión de una justicia a la que tengan acceso efectivo todas las personas, sobre todo las más humildes, las históricamente excluidas y discriminadas, las que nunca han tenido voz.
Sin pase automático
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a finales del mes de agosto que no habrá más pases automáticos para la ratificación de jueces y magistrados en el Poder Judicial de Federación, por lo que ahora serán evaluados.
El pleno del CJF modificó el estándar con el que se ratifica a los jueces y magistrados federales, con lo que se eliminan las ratificaciones en automático y ahora se procede a evaluar también los elementos sustantivos y el compromiso con la actividad jurisdiccional.
La Ley Orgánica del CJF señala entre otros requisitos para la ratificación de los jueces y magistrados que se deben tomar en cuenta el desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, los resultados de las visitas de inspección, el grado académico y los cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente, así como no haber sido sancionados por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativo.
El CJF recordó que los juzgadores federales, a los seis años de su nombramiento, pasan una evaluación y luego son ratificados de manera permanente. Es por ello que esta evaluación es de la mayor relevancia para garantizar que en el Poder Judicial Federal solo permanezcan jueces y magistrados que demuestren los más altos niveles de eficiencia, autonomía y capacidad técnico-jurídica.