La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inspeccionó 20 lugares de detención en Michoacán para verificar el trato y las condiciones que reciben las personas desde su ingreso y durante el tiempo que permanecen privadas de la libertad.
El organismo indicó que los recorridos llevados a cabo por su personal fueron realizados con trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán; y con ello se emitió el informe 2/2016.
Detalló que entre los lugares visitados se encuentran seis agencias del Ministerio Público bajo la jurisdicción de la Procuraduría General de Justicia estatal, un área de aseguramiento para el cumplimiento de sanciones de arresto y ocho centros de reclusión para adultos.
También un centro de tratamiento interno para adolescentes dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, un hospital siquiátrico adscrito a la Secretaría de Salud del Estado y tres casas hogar del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
A partir de dicha inspección, la CNDH determinó que las agencias del Ministerio Público y Separo de Seguridad Pública y el Centro de Integración para Adolescentes tienen inadecuadas condiciones de las instalaciones, no se proporciona alimentación a las personas detenidas y faltan áreas exclusivas para alojar mujeres.
En los centros de reclusión observaron inadecuadas condiciones de las instalaciones, alimentación insuficiente y de mala calidad, hacinamiento, falta de áreas exclusivas para mujeres y condiciones de autogobierno, además de deficiencias, tanto en la prestación del servicio como en el número de personal médico, de seguridad y custodia, así como de normatividad estatal que contraviene preceptos constitucionales.
La CNDH puntualizó que el hospital psiquiátrico tiene personal médico insuficiente y deficiencias en las instalaciones; mientras que las casas hogar presentaron carencia de personal médico y de enfermería, de medicamentos y equipo; deficiencia en instalaciones y falta de espacios para el desarrollo de actividades diversas.
Apuntó que las observaciones desarrolladas para cada una de las situaciones detectadas durante las visitas y señaladas en el informe fueron sustentadas en la normatividad nacional y en los instrumentos internacionales de carácter vinculatorio y declarativo que les son aplicables.
De manera adicional, agregó, en cada caso se formularon propuestas específicas dirigidas al Ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo para prevenir las situaciones de riesgo que pueden derivar en tortura o maltrato.