La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera “importante reconocer que existe una profunda asimetría entre las acciones realizadas por el Estado mexicano y la realidad imperante en los pueblos y comunidades indígenas del país, quienes aún sufren problemáticas que afectan sus derechos al territorio, a la consulta previa, la identidad cultural; y que se agudizan con la falta de salvaguardas efectivas en el acceso a la justicia, y en ocasiones el desplazamiento forzado, provocado por contextos de violencia”.
En ese contexto, la Comisión señala que “como parte de su mandato constitucional ha realizado diversas acciones para coadyuvar en la materialización de la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
Como parte de dichas medidas, precisa el organismo, en julio de 2016 emitió la Recomendación General 27 sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas.
En dicha Recomendación “se instó a diversas autoridades para que emitan una ley específica sobre consulta previa y se exhortó a los distintos órdenes de gobierno y a las empresas privadas a cumplir con las obligaciones y responsabilidades que tienen en relación con la garantía y respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.