La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ACNUDH, afirmó que la emisión de la Ley Nacional de Ejecución Penal es un avance significativo para la protección de las garantías de las personas en situación de cárcel, por lo que llamó a las autoridades mexicanas a lograr su pronta y eficaz implementación.
Entre otros aspectos de la nueva legislación, dijo, destacan la recuperación de los más altos estándares internacionales sobre las condiciones de detención; el reconocimiento de las personas privadas de la libertad como titulares de derechos.
Asimismo, el enfoque diferenciado en el tratamiento de las personas en esa situación, y la creación de procedimientos administrativos y judiciales para que se exijan sus derechos.
La normativa, precisó, también resalta el control de la ejecución penal a través de juzgados especializados que respondan a los principios de independencia e imparcialidad.
El representante de la oficina de la ONU en México, Jan Jarab, subrayó que las personas privadas de la libertad deben ser tratadas con pleno respeto a su dignidad.
Jan Jarab agregó que la implementación efectiva de la nueva ley será fundamental para el mejoramiento de las condiciones de vida en las prisiones, en beneficio de las poblaciones carcelarias y de la sociedad en su conjunto.