Al presentar a la opinión pública el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, subrayó la necesidad de revisar y replantear el sistema penitenciario en México, bajo un parámetro de derechos humanos.
Señaló que “día con día se violentan los derechos fundamentales de un gran número de mexicanos privados de su libertad” y también dijo que es necesario “eliminar la falsa percepción que existe en algunas personas, en el sentido de que el respeto y vigencia de los derechos humanos es antagónico a la ejecución y cumplimiento de una pena privativa de libertad”.
Destacó que lo ocurrido en Centro Federal de Readaptación Social No. 1 El Altiplano y en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Topo Chico evidenciaron las vulnerabilidades y fallas del sistema penitenciario:
“No debe esperarse a que haya hechos graves en un centro penitenciario para voltear a ver los problemas existentes e implementar acciones de carácter paliativo, ni tener actitud reactiva para atender un problema solo cuando tiene repercusión social”, expresó el ombudsman nacional.
Tras señalar que en 2015, en una escala de 1 a 10, el promedio nacional de calificación de los centros penitenciarios estatales fue de 6.21, que si bien representa un crecimiento de dos décimas respecto de las calificaciones de 2014, no implica un avance sustantivo o cambio radical en el panorama nacional en la materia.