El diputado federal Gerardo Villanueva propuso instalar comedores públicos a fin de garantizar el derecho constitucional de acceso a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad a las personas que padecen hambre en el país.
Esto, a través de la Ley General de Comedores Públicos, turnada a la Comisión de Desarrollo Social, misma que está pendiente de dictaminar.
El legislador del Movimiento Ciudadano proyectó que esas unidades alimentarias proporcionarían 200 raciones de alimentos por día por el precio simbólico de 10 pesos, aunque podrían ser gratuitas en comunidades agrícolas, marginales e indígenas.
Según calculó, con 2% del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, que estimó en unos mil 905 millones de pesos, podrían operar 3 mil 175 comedores públicos, con un costo de instalación y mantenimiento anual de 600 mil pesos cada uno.
Además, si se aplicaran los cuatro mil 120 millones de pesos asignados a la Sedesol bajo el concepto de Apoyo Alimentario, se podrían poner en marcha siete mil 036 comedores públicos adicionales, aseveró.
Según el INEGI, en México más de 3 millones de menores se ven obligados a trabajar en condiciones precarias y mal pagadas para ayudar en los gastos alimentarios de sus hogares.
Esa situación ha provocado que más de 1 millón de menores de 5 años en el país presenten desnutrición crónica, especialmente en comunidades rurales y suburbanas, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.