El Congreso de Baja California avaló en comisiones la modificación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que tiene el propósito de regular el procedimiento de examen para la detección en el uso de drogas de los funcionarios gubernamentales.
La iniciativa pretende que todos los representantes electos por el voto popular como gobernador, presidentes municipales y diputados locales, deberán someterse al examen de detección de sustancias de uso prohibido.
A esta prueba, que deberá aplicarse antes del 31 de marzo de cada año, también deberán someterse los funcionarios de primer nivel de todos los órdenes de gobierno.