Uno de los objetivos principales que se perseguían con la reforma al sistema de justicia penal mexicano de 2008 y que entró en vigor en todo el país el 18 de junio de 2016 consistía en recuperar la confianza pública en todas las autoridades encargadas de la operación del inédito modelo, cuyo fundamento era fortalecer la “efectividad del Estado de Derecho” para que la sociedad goce de prosperidad económica y gobernabilidad democrática, pero poco o nada de ello se ha cumplido hasta el momento.
De hecho, de continuar el modelo con los tropiezos que ahora se le reconocen en la práctica, advierten legisladores y especialistas, México seguirá expuesto a la incertidumbre y a la indefensión de una procuración de justicia opaca, viciada y en la cual impere la impunidad.
Además, para los expertos “un Estado de Derecho sólido” es de suma importancia para el crecimiento económico del país, ya que “nadie va a querer invertir, abrir empresas, ni crear empleos en un sistema penal malogrado”, porque la sociedad necesita sentirse protegida “y esto es de suma importancia para el desarrollo económico y social de México”.
Traspiés
Con las modificaciones constitucionales, dicen distintos legisladores federales, se esperaba garantizar los derechos de la víctima y del inculpado al introducir nuevas formas de operación del proceso judicial, como la posibilidad de resolver conflictos mediante acuerdos entre los involucrados directos en el acto delictivo, por medio de mecanismos de oportunidad, mediación y conciliación.
Sin embargo,el nuevo sistema lejos de prohibir la prisión preventiva, la racionaliza, de manera que cualquier persona puede quedar sujeta a ella cuando las conductas delictivas lo ameriten.
Por ello legisladores, organizaciones civiles, académicos y litigantes critican que el nuevo sistema sea benévolo con los presuntos delincuentes y se esté transformando “en una puerta giratoria que deja en libertad a miles de culpables que están volviéndose expertos reincidentes”, mientras la sociedad sigue indefensa ante los crecientes niveles de inseguridad al establecerse “un proceso que deja salir a los criminales”.
Para los analistas la reforma penal en 2008 fue diseñada y aprobada en el contexto de un debate ríspido, que corría en paralelo con la naturaleza del crimen en México y la necesidad de acotar la inseguridad y la corrupción, pero lo cierto es que a un año de su implementación poco se ha avanzado para dar respuesta a la demanda de la ciudadanía y al cuestionamiento sobre el papel que juega el Estado mexicano como principal garante de la “seguridad pública”, sin evitar el “desgaste e impedimento a la libertad de acción” de la sociedad, que quiere progresar sin trabas judiciales.
Contradicciones
La reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública de 2008 buscó reemplazar el sistema de juicios tradicionales, caracterizado por depositar la revisión del proceso en un solo juzgado, por un modelo de corte acusatorio oral en el cual se encuentran separadas las funciones de investigación, acusación y resolución del ilícito.
La intención central fue consolidar un sistema de justicia eficaz que respondiera plenamente al propósito de prevenir, perseguir y castigar el delito, así como de impartir justicia de manera expedita y estuviera orientado al esclarecimiento de los hechos, a la reparación del daño a las víctimas, a disminuir la impunidad y a proteger a los inocentes.
Como resultado de ello se esperaba construir un entorno que aumentara la confianza de la ciudadanía en las instituciones, situación que no ha sido la esperada.
De acuerdo con la más reciente Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, 93.7% del total de delitos ocurridos en el país en 2015 no se denunciaron o no derivaron en una investigación por parte de la autoridad.
Es de señalar que entre los principales motivos que mencionaron las víctimas para no denunciar fueron la desconfianza en las autoridades y por considerar una pérdida de tiempo acudir con el Ministerio Público.
Además, el síndrome de la reincidencia tiene ya indicadores precisos. Por ejemplo, de cada diez internos de los reclusorios de la Ciudad de México que son liberados, cuatro reinciden en la comisión de un delito, de acuerdo con estadísticas de la subsecretaría del Sistema Penitenciario local, obtenidas mediante una solicitud de información pública (0101000164615) tramitada ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF).
Según estos datos, actualmente hay 36 mil 501 internos en los 13 penales de la Ciudad de México, de los cuales 14 mil 158 son reincidentes, lo que representa 38.78%: los principales delitos de alto impacto por los que vuelven a ser aprehendidos y procesados los internos son robo calificado (nueve mil 472), seguido de homicidio (933), armas de fuego y explosivos (894), delitos contra la salud (665) y privación ilegal de la libertad (654).
La lectura que hacen los expertos sobre estas cifras es que mientras los ministerios públicos privilegien “la salida alternativa de los conflictos”, es decir, el resarcimiento y no el castigo, seguiremos frente a“graves contradicciones del sistema de justicia penal”, que falla en la protección de los derechos de los ciudadanos y las víctimas seguirán siendo vulnerables ante los mismos delincuentes.
Propuestas
Al respecto, el Congreso de la Unión anunció ya que realizará cambios al sistema de justicia penal acusatorio, sin tocar la Constitución, para incluir los delitos de robo de hidrocarburos, portación de armas, extorsión y feminicidio en el catálogo de la prisión preventiva oficiosa, peticiones que han hecho la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y también la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Sharon Cuenca Ayala, del Partido Verde, destaca que hay avances en temas como la presunción de inocencia y el debido proceso; además, se atienden principios rectores de publicidad, inmediación, concentración y, por supuesto, oralidad.
No obstante, explica que en torno de estos preceptos se pone de manifiesto el trabajo de los jueces a fin de que ellos conozcan a fondo los asuntos y, públicamente, discutan sus argumentos frente a una audiencia. “Eso contribuye a dar certeza a la sociedad”, puntualiza.
Al respecto señala: “Hay elementos que abonarían a consolidar el sistema de justicia penal, como simplificar el esfuerzo policial homologado para que los elementos cumplan oportunamente todas sus funciones e identificar los factores que originan el retraso de la puesta a disposición de los detenidos ante el Ministerio Público, así como informar a las personas sobre la importancia del principio de la presunción de inocencia y la necesidad de usar mecanismos alternativos de justicia”.
También pone en la palestra “el fortalecer las capacidades de investigación de las corporaciones y de los tres órdenes de gobierno; impulsar el servicio profesional de carrera para policías y capacitar correctamente a elementos y Ministerios Públicos, a fin de que puedan integrar carpetas de investigación de forma adecuada. Igualmente, es necesario reforzar los procesos de comunicación entre jueces y Ministerio Público, y homologar la tipificación de delitos en los estados como a nivel federal”.
—¿Es perfectible el nuevo sistema?
—En la Cámara de Diputados todas las fuerzas políticas habremos de encontrar los consensos necesarios para adecuar las leyes ante las circunstancias actuales, lo que nos permitirá actualizar y modificar lo necesario o fortalecer lo que funciona bien. Las leyes son perfectibles y como legisladores estamos obligados a hacer eco de las necesidades y demandas, siempre con apoyo de la sociedad civil. Hemos avanzado, pero existen desafíos que se deben enfrentar para tener instituciones sólidas.
La secretaria de la Comisión de Justicia, Gloria Hernández, del PRI, señala por su parte que la prioridad es llevar a cabo, de manera conjunta, una evaluación objetiva que posibilite el mejoramiento de la justicia en el país.
“Es importante contar con la perspectiva del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, académicos e investigadores, integrantes de la sociedad y representantes de organismos no gubernamentales”, apunta Hernández.
Y concluye: “Sabemos que lo más importante hoy es la capacitación, toda vez que el marco legal es un marco que puede ser en la operación perfectible”.
Para los consultados el verdadero reto no es legislativo sino de capacitación, para que los operadores del sistema judicial tengan en sus manos las herramientas necesarias para estar en aptitud de realizar investigaciones eficientes y con ello contribuir a construir un procedimiento más justo y transparente con el que se erradica el abuso y la extorsión.
La solidez del Estado de Derecho, sin duda, abona al desarrollo de México.