A través de 21 candados, el Instituto de Transparencia local prevé restringir el uso oficial de nuevas tecnologías como Periscope, en la difusión de conductas indebidas de los ciudadanos.
Entre las restricciones destaca el que las instituciones y servidores públicos deberán contar con el consentimiento previo de las personas sorprendidas en flagrancia cometiendo alguna falta cívica, y pretendan evidenciarlas mediante plataformas y redes digitales. Asimismo, las autoridades deberán abstenerse de emplear lenguaje discriminatorio y excluyente en las etiquetas utilizadas para difundir las conductas de los infractores.
Así lo establece el Protocolo de Actuación de Servidores Públicos en el Uso de Redes Sociales y Tecnologías de Grabación en Vivo en la Ciudad de México, elaborado por el InfoDF, en coordinación con la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Legislativa.
Los lineamientos del protocolo fueron diseñados con base en observaciones de la Comisión de Derechos Humanos local y el Consejo Para Prevenir la Discriminación en la Ciudad, y será presentado públicamente este miércoles 16 de marzo.
En el documento se indica que las instituciones y servidores públicos deberán implementar las medidas que eviten, prevengan y disminuyan el riesgo de vulneración a la privacidad y los datos personales, en el uso de Tecnologías Innovadoras de Comunicación (TIC), plataformas y redes sociales en el quehacer gubernamental.
No será necesario dicho consentimiento y autorización, sólo cuando los datos personales sean captados en eventos institucionales de carácter público, añade el documento.
También, se establece que las cuentas de redes, plataformas y TIC deberán estar registradas a nombre de las instituciones y contar con un servidor público autorizado que las controle y administre, del cual deberán ser públicos su nombre, cargo y adscripción en cada una de ellas.
El titular del InfoDF, Mucio Hernández, y el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Legislativa, Víctor Romo, advirtieron que el instrumento será obligatorio, y en caso de incumplirlo, los servidores públicos podrían ser denunciados ante la Contraloría.
Con información de REFORMA
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