Ciudad de México, a 5 de noviembre. En el Foro Nacional de Presupuesto Indígena y Afromexicano PEF 2020, diputadas y representantes de estos grupos sociales se pronunciaron a favor de conocer las necesidades de estos pueblos, a fin de lograr un presupuesto que atienda sus problemas y la pacificación.
Al iniciar el encuentro, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos, señaló, en su lengua originaria, que este evento democrático y participativo ayudará a que la voz de los pueblos se escuche.
Agregó que la marginación y exclusión social que sufren, requiere abordarse como parte del esfuerzo colectivo que busca abatir la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible.
“Se requiere una transformación sustantiva de las actuales estructuras políticas, jurídicas, económicas y sociales que rigen la organización del Estado mexicano, ya que la larga etapa neoliberal ha negado sistemáticamente nuestros derechos, lo que ha llevado a nuestros pueblos a la exclusión y pobreza”, sostuvo.
Planteó que en la opinión presupuestal de la comisión, se propondrá restablecer 3 mil millones de pesos (mdp) más al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para que ascienda a 6 mil 500 mdp, por el porcentaje de inflación, basado en los 6 mil (mdp) que tiene asignado en el 2019.
Además, para el presupuesto transversal, del anexo 10, también sugiere ajustarle de manera interna y que se ejerza con la participación del organismo. Indicó que el proyecto de gasto 2020 a esta institución es de tres mil 500 millones.
Dijo que para hacer justicia se requiere diseñar un presupuesto que respete los derechos humanos e incentive acciones tangibles hacia los pueblos indígenas y afromexicanos; por ello, sostuvo, se trabaja en la adopción de políticas públicas que conlleve el desarrollo de estos sectores.
La diputada Beatriz Dominga Pérez López (Morena) subrayó que estos grupos poblacionales no han sido prioridad en las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, ni se respetan sus derechos consagrados en la Constitución y convenios internacionales, por lo que “gracias al abandono gubernamental, nuestros pueblos y comunidades enfrentamos un rezago social muy amplio con respecto al resto de los mexicanos”.
Se requieren recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 para pueblos indígenas y afromexicanos, así como profundizar en el tema de la pacificación y reconciliación, porque en la actualidad muchos de ellos están divididos por problemas agrarios, religiosos, ideología política o infiltración del crimen organizado que pretende adueñarse de tierras y territorios, enfatizó.
Rosalío Ruiz Rangel Granados, director de Estudios Macroeconómicos y Sectoriales del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, señaló que para el 2020 se propone un presupuesto de 3 mil 563 millones de pesos, con una reducción de dos mil 438 millones de pesos, equivalente, en términos reales, a 43 por ciento para la población originaria.
Los recursos se dividen en tres: presupuesto para atender a la población indígena; hacia la institución encargada del diseño e implementación de las políticas públicas del sector y referente al anexo 10, contenidos en la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.
A la atención de los indígenas se destinan tres mil 552 millones de pesos mediante tres programas: para el apoyo a la educación se designaron mil 300 millones de pesos, con 3. 4 por ciento de reducción real; la planeación y articulación de la política pública registra un incremento de 1.8 por ciento, con mil 45 millones de pesos y hacia el fortalecimiento económico se prevén 807 millones de pesos, con una disminución de 3.4 % en el próximo año.
Pablo Yáñez Rizo, coordinador de Investigaciones de la Unidad de Desarrollo Social para México, Centroamérica, Cuba, República Dominicana y Haití, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), advirtió que el principal desafío del presupuesto indígena es definir su cuantía, con el propósito de cerrar brechas de desigualdad, discriminación y exclusión que, en lugar de abatirse, persisten y reproducen. Consideró que el presupuesto transversal tiene un alto riesgo de diluirse y centralizarse en una sola institución.
Apuntó que las necesidades son grandes y no sólo se requiere atenderlas, sino avanzar hacia una sociedad más igualitaria. “No se trata sólo de que los pueblos autóctonos estén un poco mejor, sino que la sociedad mexicana sea igualitaria”.
“Estamos frente a un fenómeno estructural donde las relaciones de desigualdad se profundizan, manteniendo sistemáticamente la pobreza más lacerante con resistencia a cambiar”. Propuso una perspectiva diferente en el presupuesto para asignar una cantidad suficiente y tener claro en qué se utilizará.
Cuestionó los resultados de los diagnósticos de discriminación estructural de los pueblos indígenas que “no se mueven”, tendencia que debe llevar a reflexionar profundamente, ya que por décadas prevalece la pobreza más intensa y extendida, además de desventajas en el acceso a cualquier indicador social, menos en las horas de trabajo, porque es el grupo que más tiempo labora con el menor sueldo.
Destacó que el presupuesto indígena requiere construirse con base en tres elementos: reconocimiento, redistribución y representación, a fin de que esta población acceda a la igualdad y ejercicio de sus derechos plasmados en la Constitución; es necesario que tengan incidencia en los espacios de toma de decisiones públicas, consideró.
Al dar a conocer los resolutivos del foro, Pascual de Jesús González, representante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui en la Ciudad de México y de la Red Nacional Indígena, destacó que se requiere un presupuesto de 12 mil 129 millones de pesos para el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
Destacó que cerrar la brecha de desigualdad, demanda superar los porcentajes ínfimos que imperan en la asignación de montos hacia los pueblos autóctonos. “Es de alta preocupación que en la propuesta del presupuesto 2020, el gasto transversal sólo represente 1.68 por ciento, y el del INPI no rebase el 0.05 por ciento, en relación al gasto global nacional”.
Norma Don Juan Pérez, representante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), manifestó su desacuerdo por el recorte presupuestal a los pueblos originarios, por considerar que es insuficiente. “No es sólo asignar recursos para atender necesidades básicas, sino garantizar el ejercicio de derechos humanos y desarrollo. Cuando demandamos más fondos equivale a ser sujetos de derecho público, no ser ignorados y discriminados como ha sucedido”.