Seguridad nacional, responsabilidad de todos

Como nunca antes, México enfrenta hoy numerosos retos internos y geopolíticos que afectan directamente su estructura social y de gobernabilidad: globalización comercial, cambio climático, nuevas tecnologías, migración y crimen organizado representan serios desafíos para una gobernanza eficiente que obliga al Estado mexicano a reformular inéditas estrategias de seguridad interior y nacional.

Para diversos expertos y funcionarios públicos es ya urgente asignar nuevas funciones, controles y leyes acordes a los actores e instituciones responsables de estas políticas: policías, Fuerzas Armadas y servicios de inteligencia como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Para los analistas consultados las disyuntivas contemporáneas deben ajustarse a las políticas de seguridad nacional y de seguridad interior en un país que enfrenta innumerables retos domésticos e internacionales, por lo que promueven que las instancias universitarias y académicas comiencen a formar profesionales de carrera con la finalidad de garantizar herramientas a las próximas generaciones para que, en los ámbitos público, privado, social y militar, sepan afrontar inconvenientes coyunturales y futuros.

Durante el Congreso de la cultura de la seguridad nacional que organizaron la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), se escucharon muchas preguntas, pero también variadas repuestas sobre las amenazas internas y externas que se ciernen sobre el pleno desarrollo de la sociedad mexicana.

Amenazas

El desarrollo del sistema político mexicano tuvo un antes y un después en 2005, con la publicación de la Ley de Seguridad Nacional que rige diversos problemas para considerarlos en la agenda de seguridad nacional. Es decir: ahí se define una aclaración conceptual sobre el tratamiento de una dificultad en determinación de su gravedad, pero si bien muchos temas de la agenda pública son relevantes para la sociedad y el gobierno no todos lo son en términos de seguridad nacional. (Recuadro 1)

Por lo anterior, la Ley de Seguridad Nacional no establece de manera expresa los riesgos a la seguridad nacional toda vez que no tienen un carácter permanente y se actualizan periódicamente, dependiendo de fenómenos coyunturales por los que atraviesa el país.

Estos adquieren su fundamento en la Agenda Nacional de Riesgos aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN). (Recuadro 2)

Una de las instituciones especiales para vigilar que ninguno de estos tópicos contravenga la seguridad nacional es el Cisen. Entre las responsabilidades del Centro está proponer medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, las instituciones nacionales, la gobernabilidad democrática o el Estado de Derecho.

Según el Cisen, “se define como amenazas a la seguridad nacional a los fenómenos intencionales generados por el poder de otro Estado o por agentes no estatales, cuya voluntad hostil y deliberada pone en peligro los intereses permanentes tutelados por la seguridad nacional, en parte o en todo el país, y cuestionan la existencia del mismo Estado”. (Recuadro 3)

Paradigmas

Al inaugurar el Congreso de la cultura de la seguridad nacional, el diputado Waldo Fernández González, del PRD, destacó la importancia de ampliar el enfoque de atención de este concepto y crear un marco jurídico de actuación para las Fuerzas Armadas mexicanas.

Señaló que es indispensable divulgar una cultura en esa materia para contribuir al conocimiento colectivo sobre el tema y fortalecer a las instituciones. “Este es un espacio para deliberar, analizar y dialogar sobre lo que sucede en seguridad nacional, la cual no solo abarca a la milicia sino también temas como el impacto del cambio climático y los desastres naturales”, explicó el presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

Fernández González manifestó su “preocupación por la debilidad de las instituciones. Es necesario entender que no pertenecen a un partido político ni a una persona, sino a todos nosotros. Cada vez que denostamos a una institución, lo único que estamos haciendo es denostar a nuestro pasado, a nuestras familias y a nuestros padres”, determinó.

Sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en labores que corresponden muchas veces a policías estatales, y en momentos en que se discute la Ley de Seguridad Interior, dijo que “es relevante conocer qué sucede en otros países en relación a su intervención en esas tareas. Esto nos permitirá generar un marco jurídico de actuación para las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, un asunto prioritario para la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. Seguiremos impulsando su noble labor y les daremos certeza a ellos y a los ciudadanos mexicanos”, indicó Fernández.

A su vez, el secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, afirmó que México enfrenta “serios desafíos” en esta materia que demandan acciones específicas para que el Estado actúe con fortaleza, determinación y absoluto apego a la ley.

“La nación también afronta peligros derivados del fenómeno de la delincuencia en el ciberespacio, lo cual demanda respuestas a alto nivel y la participación obligada de los poderes de la Unión, de los tres órdenes de gobiernos y de acciones concertadas con otros sectores sociales”, advirtió Zerón.

Precisó que “México ha dado pasos firmes y cada área del Consejo de Seguridad Nacional tiene sitios especializados para hacer frente a las amenazas cibernéticas y neutralizar posibles ataques del cibercrimen, pero hay un trabajo pendiente: la implementación de una estrategia específica en seguridad de la información y de ciberseguridad de alcance nacional, que involucre a todos los actores del país”.

El reto, puntualizó, es la elaboración y aprobación de un marco legal que incluya la investigación, fiscalización y tipificación de los delitos cibernéticos por medio de datos y sistemas informáticos: “México reconoce las ciberamenazas como riesgos reales a la seguridad nacional del país. La seguridad en el ciberespacio es un asunto de la mayor trascendencia para nuestro país y el mundo”.

Sostuvo que “el cibercrimen representa pérdidas por tres mil millones de dólares anuales, mientras que Microsoft estima que podría alcanzar los cuatro mil millones de dólares. Casi 85% de los delitos que se cometen en el país se apoya con algún tipo de tecnologías de la información. Además, el robo de identidad representa 68% de los crímenes cibernéticos y de 2012 a 2015, los incidentes de ciberseguridad se duplicaron”, refirió.

El contralmirante de la Secretaría de Marina, Carlos Díaz González Escamilla, expresó en tanto que “la seguridad nacional, por su naturaleza multidimensional, es responsabilidad de todos, lo que incluye a todas las instancias del gobierno y a la sociedad”.

Indicó que “la evolución de la sociedad, la globalización y el cambio climático, potencializadores de riesgos y amenazas, han provocado nuevos desafíos a la seguridad nacional. Se deben tomar acciones preventivas para evitar que los desastres naturales y pandemias evolucionen a riesgos y amenazas”.

La migración, precisó, se constituye como un riesgo a la infraestructura del desarrollo nacional, ya que “de no ser atendidos los flujos migratorios oportuna e integralmente, podrían desencadenarse en afectaciones al desarrollo y la seguridad nacional”.

Finalmente, Díaz mencionó que existen amenazas globales. “Los nuevos desafíos, como gobernanza internacional de los océanos, neonacionalismo, crisis del agua y la alimentaria, demandan acciones proactivas más que reactivas en la comunidad internacional”.

Agustín Vallejo Silva, del Colegio de la Defensa Nacional señaló por su parte que la seguridad nacional es poco explorada en las instancias académicas, pero “es necesario formar profesionales y tomadores de decisiones en el ámbito público, privado, social y militar, y que las universidades abran asignaturas en esta materia y se aborden sus conceptos interrelacionados”.

Para los expertos es imprescindible establecer las bases permanentes de una cultura de seguridad nacional, que fortalezca la confianza y credibilidad de la sociedad en las instituciones del Estado y fomente su participación activa en el logro de intereses y objetivos nacionales.