La Comisión de Puntos Constitucionales votó contra el dictamen que proponía incorporar, en el primer párrafo del artículo 4º de la Carta Magna, la posibilidad de que cualquier persona pueda contraer matrimonio sin importar la orientación sexual, atendiendo el reconocimiento de la dignidad humana.
En reunión de trabajo, los legisladores externaron sus posicionamientos y, posteriormente, en votación nominal, emitieron 19 votos en contra, 8 a favor y una abstención.
El secretario de la comisión, Edgar Castillo Martínez (PRI), refirió que votado en contra por la mayoría, conforme al artículo 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el dictamen se considera como total y definitivamente concluido.
Éste fue leído al inicio de la reunión de la comisión e incluía tres iniciativas: del Ejecutivo federal, presentada el 18 de mayo; de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (Encuentro Social), el 8 de septiembre, y la del legislador Francisco Martínez Neri (PRD), propuesta el 4 de noviembre.
El documento base fue el del Ejecutivo federal, cuyo propósito era incorporar en la Constitución Política que: “Toda persona mayor de dieciocho años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana”.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), enfatizó que debido al cálculo político electoral, se dio marcha atrás a una iniciativa que podría denominarse progresista. “Una reforma de la que deberíamos sentirnos orgullosos; porque los derechos de las minorías no se ponen a votación, se amplían y reconocen, y es el Congreso quien debería tutelarlos”.
Señaló que la reforma, la cual cumple con todos los requerimientos para modificar la Constitución, amplía los derechos humanos que han sido parte de una lucha milenaria. “Es absurdo decir que porque se trata de una materia civil, la discusión debe irse a los estados. Tenemos la oportunidad de tutelarlos, respaldarlos y ampliarlos, lo otro es una argucia para evitar manifestarse sobre algo”, sostuvo.
El de familia no es un concepto de la religión católica, es universal y cada persona tiene derecho a construirla como decida; plantear que el matrimonio debe tener como fin último la reproducción, es como si planteáramos que las personas de 70 años no se pueden casar. “De qué lugar estamos: en los de ampliación, protección y reconocimiento de los derechos, o de quienes legislan por cálculo político electoral”, cuestionó.
Del Partido Verde, Lorena Corona Valdés dijo que su partido no se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo; sin embargo, argumentó que en términos del artículo 124 de la Constitución Política, las entidades federativas son competentes para legislar en la materia, por lo que “resulta inconveniente que la autonomía local se vea disminuida por la centralización. “No debemos adoptarnos facultades en detrimento de las entidades federativas”, afirmó.
El diputado Benjamín Medrano Quezada (PRI) afirmó que no puede estar en contra de un dictamen por el que la comunidad gay ha luchado, a pesar de que son los estados quienes tienen la facultad potestativa de dictaminar al respecto. “Esta es una decisión personal, votaré en pro del dictamen porque va a favor de mi dignidad como ser humano, como homosexual y como diputado federal”, sostuvo.
El diputado Cándido Ochoa Rojas, del Partido Verde decidió votar en contra del dictamen, ya que, aseguró, presenta una serie de contradicciones frente a la Constitución General, además que la unión de las personas es un apartado regulado en los códigos civiles estatales. “Cómo se va a desarrollar la familia si la exposición de motivos dice que la procreación no es un elemento decisivo del matrimonio”, cuestionó.