Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que el estado de Texas puede solicitar agentes del orden público cumplir con las solicitudes de las autoridades federales de inmigración sobre detener a las personas en prisiones locales para su posible deportación, según lo estipulado en una nueva ley contra las “ciudades santuario”.
Sin embargo, los abogados de las ciudades y de los grupos defensores de los derechos civiles que entablaron la demanda contra dicha medida, promulgada en mayo por el gobernador Greg Abbott, predijeron que el efecto sería limitado y que era poco probable que hubiera un cambio drástico en la situación actual.
La decisión unánime de un panel de tres jueces en Nueva Orleans fue celebrado por el fiscal de Texas Ken Paxton debido a que permite que el estado “haga cumplir lo esencial” de la ley. La decisión del Tribunal de Apelaciones para el 5to Circuito se produjo casi un mes después de que un juez impidió implementar la ley.
El fallo del tribunal representó una victoria para Houston, Dallas, Austin y otras ciudades grandes de Texas que calificaron a la medida conocida como “Senate Bill 4” como inconstitucional, y advirtieron que podría tener un efecto amedrentador en las comunidades de inmigrantes.
“Estamos complacidos por el fallo del 5to Circuito que permitirá que Texas refuerce su seguridad pública al implementar los componentes clave de la ‘Senate Bill 4’”, dijo Paxton en un comunicado.
Pero Nina Perales, abogada de la Mexican American Legal Defense and Education Fund (MALDEF), que es una organización no lucrativa que aboga por los latinos en Estados Unidos y que representa a las ciudades de San Antonio y El Paso, dijo que la decisión parece dejar un espacio para simplemente seguir las políticas que ya existen y que no exige que se cumpla cada solicitud de detención.
“No veo que esta decisión haga obligatorio que se deban de cumplir todas las órdenes”, señaló Perales.
El juez federal de distrito Orlando Garcia bloqueó gran parte de la ley el 31 de agosto, un día antes de cuando debía comenzar a implementarse.
El secretario de Justicia Jeff Sessions ha alabado la ley de y el Departamento de Justicia presentó argumentos para apoyarla, así como lo hicieron varios fiscales de otros estados.
Los opositores a la ley argumentan que viola la Cuarta Enmienda constitucional debido a que solicita que la policía detenga a las personas sospechosas de estar ilegalmente en el país sin causa probable. También objetan que coloca a la policía local en un papel federal de agentes de inmigración, lo que es inconstitucionalmente vago debido a que no queda claro cuándo un policía estaría violando la ley.
Los partidarios de la ley en el estado dicen que los agentes de inmigración ya han determinado una causa probable cuando piden a las autoridades locales detengan a una persona. También indicaron que las autoridades tanto federales como locales han tenido una larga historia de cooperación en cuanto a cuestiones de inmigración y que la ley es clara cuando prohíbe políticas gubernamentales locales que restringen la aplicación de leyes de inmigración.