Ante los acontecimientos de los últimos días en relación con el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, el Parlamento, de mayoría opositora, pedirá información a Estados Unidos sobre las sanciones por narcotráfico que le impuso, dentro de un proceso que podría llevar a su destitución.
“Enviaremos una solicitud de información al Congreso, al Departamento del Tesoro y a los departamentos de Seguridad de Estados Unidos”, indicó a periodistas Freddy Guevara, presidente de una comisión especial que se instaló este miércoles para investigar las acusaciones.
La Asamblea Legislativa también pedirá información a las autoridades venezolanas.
“Tenemos un deber moral (...) El país sufrió una vergüenza por la sanción al vicepresidente por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, al igual que por la sanción a un venezolano llamado Samark López”, añadió Guevara.
El Departamento del Tesoro acusa a El Aissami —vicepresidente desde el 4 enero— de facilitar, proteger y supervisar el envío de droga desde Venezuela hacia México y Estados Unidos mientras se desempeñaba como ministro del Interior y gobernador del estado de Aragua (2008-2017).
Por ello ordenó congelar los bienes que puedan poseer en Estados Unidos el funcionario y el empresario López, a quien señala de “testaferro”. También prohibió a ciudadanos y empresas de ese país hacer negocios con ellos.
El Aissami publicó este miércoles en el diario The New York Times una carta dirigida al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en la que niega las acusaciones y asegura que como ministro del Interior capturó a 102 capos de la droga, y extraditó 21 a Estados Unidos y 36 a Colombia.
Guevara señaló que la cámara podría aprobar una moción de censura contra el vicepresidente, lo que implicaría su remoción.
“El Aissami no puede ejercer funciones de vicepresidente, o de presidente de Venezuela, en caso de una ausencia de Nicolás Maduro. No puede suscribir contratos de interés nacional con Estados Unidos”, sostuvo.
Según la ley, en caso de falta absoluta del mandatario el vicepresidente es quien lo sustituye.
Pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considera que el Parlamento está en desacato y todas sus decisiones son “nulas” por no haber desvinculado formalmente a tres diputados opositores acusados de fraude electoral.