La administración del presidente Donald Trump anunció en Washington, la cancelación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) citando su ilegalidad y el prospecto que su actual implementación sea impedida por cortes federales si una decena de Estados deciden demandan al gobierno.
¿Qué es DACA?
Son las siglas en inglés de un programa lanzado por el entonces presidente Barack Obama para proteger de la deportación y conceder permisos de trabajo a inmigrantes traídos a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños y conocidos como “dreamers”. El alivio tenía una vigencia de dos años y era renovable.
El programa protege a 790 mil 77 inmigrantes no autorizados -cerca de 80% nacidos en México- que pudieron demostrar haber entrado a territorio estadounidense sin haber cumplido 16 años, haber residido en el país sin interrupción durante varios años y sin cometer delitos. Los salvadoreños ocupan el segundo lugar con 3 por ciento.
Dentro de los 11 millones de inmigrantes que residen sin autorización en Estados Unidos, los beneficiarios de DACA son el subgrupo con mayor aceptación entre diversos sectores de la sociedad estadounidense porque no tienen responsabilidad directa por su actual estatus migratorio.
Muchos solo hablan inglés y no tienen recuerdos de su país natal porque llegaron a Estados Unidos a muy corta edad. Además, obtuvieron el alivio migratorio después de entregar a las autoridades migratorias información detallada sobre ellos y sus familias, que ahora se preguntan si el gobierno federal usará esa información en su contra.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo que los inmigrantes cuyo beneficio terminará antes del 5 de marzo de 2018 tendrán hasta el 5 de octubre de este año para gestionar la renovación. La única posibilidad que tienen los “dreamers” de evitar ser deportados y poder trabajar legalmente cuando DACA haya sido desmantelado por completo es que el Congreso apruebe una ley que les conceda protección de manera permanente. Si bien el presidente del Congreso Paul Ryan ha expresado su disposición a gestionar una ley con esa finalidad, no está claro si alcanzará la meta debido principalmente a una agenda legislativa muy cargada y que incluye la aprobación del presupuesto gubernamental para 2018 y del tope para el endeudamiento público.