El compromiso del presidente de México, Enrique Peña Nieto, con los Derechos Humanos resulta positivo, aunque también debe implementar medidas para solucionar las violaciones más agudas a las garantías individuales en su país.
En una carta abierta enviada al presidente, Amnistía Internacional indicó que Peña Nieto debe implementar de manera inmediata medidas concretas para abatir abusos, incluyendo aquellos que suceden en el contexto de la crisis de seguridad pública en el país.
Al reconocer el compromiso del gobernante mexicano de avanzar con la Ley General de Víctimas y de reformar leyes para penalizar las desapariciones forzadas, la organización indicó que "no basta con promesas y buenas intenciones".
Durante las elecciones, Peña Nieto respondió a una misiva enviada por AI, comprometiéndose a la elaboración de "un programa de Derechos Humanos en conjunto con todos los actores relevantes de la sociedad, incluyendo el Poder Judicial, las autoridades locales y defensores de derechos humanos, que incluya propuestas concretas".