De qué se trata declaratoria de abandono de cargo de Maduro

Qué efectos podría traer la decisión del Parlamento venezolano

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Asamblea Nacional
Política
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La Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora, decidió declarar el “abandono de cargo” por parte del presidente Nicolás Maduro y demandó una salida electoral a la crisis que vive el país como la forma para que “sea el pueblo el que se exprese a través del voto”.

La oposición acusa a Maduro de ser el responsable de la profunda crisis que azota a la nación caribeña, por lo que ha intentado por varias vías convocar a una elección para reemplazarlo, aunque las iniciativas han sido bloqueadas por los poderes Judicial y Electoral.

El Parlamento venezolano ampara su decisión en el artículo 233 de la Constitución, que contempla el abandono del cargo como uno de los casos de “falta absoluta”, entre los que también están su muerte, su renuncia o la destitución por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Hay cuatro claves sobre de qué se trata el abandono de cargo presidencial y qué efectos podría traer la decisión del Parlamento venezolano.

—¿Qué plantea la Constitución en relación al abandono del cargo del presidente de la República?

La Constitución establece, en su artículo 233, que “serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanentemente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado este por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato”.

El Parlamento utiliza la figura del abandono de cargo por culpar a Maduro de la debacle económica que se encuentra padeciendo la nación. Sostienen que dicho abandono del cargo se basa en sus irresponsabilidades como jefe de Estado al ser indiferente con el mandato que la Constitución le exige ante sus ciudadanos.

La decisión podría llevar a una destitución de Maduro y a la convocatoria de elecciones en un plazo de 30 días, según establece la Constitución.

—¿En qué se basa el Parlamento para acusar a Maduro de abandonar el cargo?

La Asamblea Nacional, en su responsabilidad de evaluar la situación que afecta al país, enumera en un documento las razones por las cuales Nicolás Maduro ha dejado su condición de jefe de Estado a un lado para hundir en una grave crisis al país.

En el texto asegura que se violan los derechos humanos, que hay una grave vulneración de los derechos políticos, acompañada del desmantelamiento de la institucionalidad democrática necesaria para garantizar tales derechos, así como de un atentado continuo contra la integridad de la República y de su territorio.

Asimismo, establece que el estado de excepción se ha prolongado mucho más allá de lo permitido por la Constitución en el artículo 338 y no ha quedado sometido a controles parlamentarios efectivos.

En el documento también destaca que Maduro ha mantenido y consumado la supresión de la separación de poderes, mediante su apoyo a la ocupación partidista del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral.

Señala la pronunciada depreciación del bolívar y elevadas tasas de inflación y que recientes informes emanados de organizaciones especializadas demuestran el enorme incremento en las cifras de criminalidad y violencia que se ha producido en el país en los últimos años, “en medio de la más extendida impunidad”.

—¿Por qué una decisión tomada por el Poder legislativo y contemplado en la Constitución podría no cumplirse?

Las sesiones y leyes de la Asamblea han sido continuamente anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia, quien se ha encargado de torpedear todas las decisiones del órgano legislativo desde que este se transformó el año pasado en mayoría opositora.

Antes de la sesión realizada el lunes, el TSJ habría advertido al Parlamento que no tenía potestad para despedir al presidente de la República, por lo que es de prever que declare nula la decisión e inclusive suspender la nueva directiva parlamentaria, instalada la semana pasada.

Si se concreta esta sentencia por parte del Supremo venezolano, nada de lo acordado en la Cámara, incluyendo el abandono de cargo del presidente, tendrá validez.

—¿Podrían realizarse elecciones generales este año?

La oposición venezolana viene planteando un escenario de elecciones desde el año pasado, sin embargo, se ha encontrado con la traba del poder electoral, quien mediante la figura del Consejo Nacional Electoral (CNE) retrasó un hipotético referendo revocatorio en contra del presidente Maduro, lo que hizo que también suspendiera o moviera las elecciones regionales y municipales.

Ambos, que deberían haberse celebrado en 2016, fueron pospuestos hasta el final del primer semestre y mediados de 2017, respectivamente, aclarando además que las presidenciales están previstas dentro de dos años. Tal decisión ha avalado la tesis opositora que considera que el derecho al voto en Venezuela ha sido secuestrado.

Tibisay Lucena, presidenta del CNE, no precisó fechas de ninguna de las consultas pero adelantó que la elección de gobernadores se llevará a cabo “a finales” del primer semestre de 2017 y la de alcaldes “en el segundo semestre” de ese año.

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