Venezuela actualmente es difícil por los altos costos de los productos básicos, de los alimentos, de las medicinas, más aparte la inflación de más de 300%, el drama de los pensionados y jubilados venezolanos que viven en el exterior por el incumplimiento en el envío de las remesas, ya presenta síntomas alarmantes: desahucios por no pagar el alquiler, limitaciones para comprar medicinas y acceder a cuidados de salud requeridos, agravamiento de condiciones de salud por falta de atención oportuna, limitaciones para adquirir alimentos, entre otros.
Doce mil venezolanos de la tercera edad —que viven en España, Colombia, Chile, Argentina, México y Estados Unidos—, muchos de ellos enfermos y solos, están abandonados a su suerte y subsisten de la solidaridad de familiares, vecinos o de la caridad pública donde residen. Aunque algunos ni esa suerte tienen.
El problema radica en que desde hace más de medio año, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) —vía el Centro Nacional de Comercio Exterior— no paga sus pensiones y jubilaciones. Estos conciudadanos que trabajaron toda su vida en Venezuela y que tuvieron que radicarse en el exterior por razones de salud o familiares, entre otras, se encuentran en una situación desesperada.
La Asamblea Nacional, por iniciativa de la Comisión de Política Exterior que preside el diputado Luis Florido, convocó en dos oportunidades a los responsables del caso: el presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), Rocco Albisinni; el vicepresidente de Operaciones Internacionales del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Laviosa, y el presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), general Carlos Rotondaro. Ninguno ha acudido, ninguno ha dado la cara a los miles de venezolanos, entre pensionados, jubilados y también estudiantes, que se encuentran a la deriva en el exterior.
Si bien la situación de los jóvenes es grave, peor es aún la de los pensionados y jubilados, muchos de los cuales no pueden buscar otras fuentes de ingresos por su avanzada edad o su estado de salud.
Se trata de un derecho constitucional que el Estado no puede cercenar. El artículo 80 de la Constitución Nacional establece que el Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías.
La excusa que han recibido como respuesta ha sido que “Cencoex no dispone de las divisas necesarias para cumplir con el compromiso”.
Han pasado meses de absoluto silencio de las instituciones responsables y los jubilados y pensionados siguen sin recibir su dinero. Ni las instituciones involucradas ni mucho menos los consulados de Venezuela proporcionan ninguna información a los desesperados ciudadanos que haciendo un gran esfuerzo físico y económico logran apersonarse en las respectivas sedes.
Despilfarro
Lo irónico es que a diario se ve cómo el régimen despilfarra sin reparo millonarias sumas en viajes, escoltas, operativos militares sin sentido y compra de armamento y material antidisturbios.
Todos los días hay noticias y hasta evidencias fotográficas del estilo de vida grotesco de la casta cívico-militar que robó 400 mil millones de dólares a los venezolanos que ahora pasan penurias y desgracias por falta de alimentos, medicinas, agua y electricidad y, sobre todo, seguridad.
Para personas que tienen 70 y 80 años, y que además están enfermas, un día es mucho tiempo, un mes es una eternidad y meses de espera por un derecho humano y constitucional, es un crimen.
Sin lugar a dudas que la situación configura una evidente violación grave de los derechos humanos de miles de jubilados venezolanos que por razones de toda índole decidieron, con la autoridad moral que supone haber cumplido cabalmente con su patria, irse a vivir a otro