La policía antimotines improvisó un escudo frente al palacio de gobierno de La Moneda para evitar que miles de trabajadores ingresaran al edificio y mostraran su inconformidad ante el incremento salarial aprobado la noche del miércoles.
Miles de empleados públicos forcejeaban con la policía antimotines que los contenía con chorros de agua y gases lacrimógenos, mientras evidenciaban su descontento ante el aumento de 3.2%, que ellos consideran insuficiente.
Dentro del palacio de gobierno se encontraba la presidenta Michelle Bachelet con su ministro de Interior, Mario Fernández.
Mahmud Aleuy, subsecretario del Interior, señaló que llegaron a congregarse unos seis mil manifestantes en torno del palacio y destacó que todas las personas tienen el derecho a manifestarse pacíficamente.
Otros grupos de trabajadores se coordinaron para protestar y se reunieron en otros puntos, como la sede del Congreso, el vecino puerto de Valparaíso y gobernaciones de ciudades del sur del país.
La situación se tornó peligrosa: el número de manifestantes empezó a superar al de la policía antimotines, comenzaron a desplazarse las rejas de protección del edificio y tuvo que intervenir la dirigente sindical, Bárbara Figueroa, quien explicó que el reajuste ya estaba firmado y no había otra cosa por hacer.
Los trabajadores, molestos, escupieron y la obligaron a retirarse.
Se esperaba que la aprobación del aumento salarial pusiera fin a una huelga de tres semanas, pero aún se mantiene el descontento entre los empleados. En principio ellos demandaron un aumento de 7.5% y luego bajaron su petición a 4.0%. El gobierno, por su parte, ofreció 2.9% que sólo elevó hasta 3.2%, el cual se aprobó el 16 de noviembre ante el Congreso.
Según los trabajadores, el alza real será de 0.2%, ya que deben descontar la inflación anual.
Los incidentes del jueves empezaron luego de que uno de los dirigentes sindicales, Esteban Maturana, llamara a los trabajadores a expresar su descontento en La Moneda.
Su colega, Raúl de la Puente, advirtió a los parlamentarios que aprobaron el reajuste el miércoles por la noche que sufrirán “un costo político grave en un año”, en alusión a elecciones de diputados y senadores de noviembre de 2017.