Más de cinco mil estudiantes suspendieron sus clases en Río de Janeiro como consecuencia de enfrentamientos entre la policía y narcotraficantes en el norte de la ciudad, que vive su peor crisis de seguridad en una década.
Varias escuelas primarias y guarderías de barrios de la zona norte de esta ciudad fueron cerradas como consecuencia de los tiroteos entre policías y narcotraficantes en tres favelas de la región, según datos de la municipalidad.
El estado de Río registra un aumento de dos dígitos de los índices de violencia –homicidios, asaltos a mano armada, robo de vehículos- desde inicios de 2017, pero las autoridades aseguran que no tienen recursos financieros para invertir en seguridad pública.
Río de Janeiro pasa por enormes dificultades económicas y se encuentra al borde de la bancarrota, como consecuencia de la corrupción política, la caída de la recaudación por la venta de petróleo y el aumento del número de funcionarios en los últimos años.
El Gobierno federal brasileño anunció la víspera el envío de 200 miembros de las fuerzas de seguridad federales para intentar contener la oleada de violencia e inseguridad en la ciudad, que hace menos de un año organizó los Juegos Olímpicos.
En lo que va de año más de 60 policías fueron asesinados en Río, mientras algunas zonas –como el complejo de favelas de Alemao, donde viven miles de personas- son escenario de continuos tiroteos y ha sido calificado por la prensa como la “Siria brasileña”.
El jueves el secretario de seguridad de Río de Janeiro, Roberto Sá, admitió el fracaso del mayor programa estatal de seguridad en la última década: el despliegue de Unidades de Policía Pacificadora (UPP) –una especie de policías comunitarios- en las favelas de la ciudad para intentar “pacificarlas”.
Las autoridades de Río de Janeiro pusieron en marcha este plan en diciembre de 2008 con el fin de “ocupar” favelas estratégicas de la ciudad, expulsar a los traficantes y promover el desarrollo económico en esas zonas, en vísperas de eventos internacionales como las Olimpiadas y la Copa del Mundo de 2014.
Desde entonces, 38 las favelas de Río cuentan con presencia permanente y bases de UPP.
Aunque en un primer momento se logró reducir la criminalidad, el modelo de “pacificación” de las favelas de Río de Janeiro, que Brasil quiso incluso extender a otras ciudades del país, fue “demasiado ambicioso”, admitió el jefe de seguridad del estado, que admitió que podría concluirlo en breve.