La reforma política, a punto

Por: José Antonio Caporal

El tiempo de la reforma político-electoral ha llegado: fue anunciada desde la firma de los compromisos adquiridos en el Pacto por México y ahora será formulada y entregada al Congreso de la Unión, precisamente bajo ese mecanismo de diálogo y concertación de los partidos políticos nacionales, los que la analizarán y, en su caso, aprobarán a través de sus respectivos grupos parlamentarios en las cámaras de Senadores y de Diputados.

El presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, adelanta que dicha reforma sería presentada antes de concluir la primera quincena de octubre y a través del Pacto por México.

Cabe señalar que el PAN ya presentó en el Senado su propuesta, tal como lo anunció en su momento su dirigente nacional, Gustavo Madero, en tanto que Jesús Zambrano, presidente del PRD, dijo hace unos días que ya tienen lista su propia iniciativa, aunque los legisladores de su partido aún no la han presentado en el Congreso.

Así, las fuerzas políticas se dicen dispuestas a discutir y sacar adelante dicha reforma, que para los panistas incluye la modificación de 28 artículos constitucionales —según la iniciativa que presentaron en el Senado—, en tanto que los perredistas hablan de modificar ocho.

A juicio de los analistas, se ve complicada la aprobación de una reforma político-electoral que deje satisfechos a todos, tanto por la cantidad de artículos constitucionales que se pretende modificar, como por las marcadas diferencias que los partidos tienen en torno de diversos temas.

Asimismo, plantean que podría presentarse una confrontación en el Congreso, entre los que respaldarán la reforma diseñada en el Pacto por México y los que buscarán formular otra en el seno de las cámaras.

Acuerdos del Pacto

César Camacho Quiroz, presidente nacional del PRI, indica que su partido no ha formulado una propuesta concreta en materia político-electoral, pues su posición será uniforme con lo planteado en el Pacto por México, donde precisamente, añade, se viene trabajando con los partidos políticos para definir qué cambios constitucionales se podrían aprobar en ese tema.

Hay “temas delicados; en algunos nos ha costado trabajo construir consensos, pero estamos viendo por el interés superior de México”, dice Camacho.

Por ejemplo, señala, su partido no está de acuerdo con la segunda vuelta en la elección presidencial, como tampoco con la reelección de alcaldes y legisladores, en tanto que aún analiza la viabilidad de crear un nuevo organismo nacional de elecciones.

El dirigente del PRI aclara que si bien no habrá una iniciativa “con sello priista”, en aquella que sea presentada “estarán incluidos los puntos” que impulsa su partido.

César Camacho ha dejado ver la posibilidad de que en la primera quincena de octubre pueda estar lista la reforma político-electoral, una vez avalada por los partidos en el seno del Pacto por México donde, insiste, se trata “de lograr puntos de vista mancomunados”.

En el Pacto por México, cabe recordar, los partidos se comprometieron, entre otras cosas, a impulsar gobiernos de coalición. En cuanto al tema electoral, priistas, panistas y perredistas, junto con el Ejecutivo federal, se comprometieron a impulsar los siguientes temas: reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos; disminución en el monto de los topes de campaña; incorporación a las causales de nulidad de una elección el rebase de los topes de campaña, el uso de recursos al margen de las normas que establezca el órgano electoral y la compra de cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas.

En asuntos polémicos, como la reelección de legisladores y alcaldes, solo acordaron establecer el compromiso de “revisar” los temas.

Propuesta perredista

Acompañado por Silvano Aureoles, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional de ese partido, dio a conocer los principales elementos de su propuesta en materia político-electoral.

Por ejemplo, proponen los perredistas la creación de un Consejo de Gobierno integrado por los secretarios de Estado, ratificados cada uno de ellos por las dos cámaras del Congreso, a propuesta del jefe del Ejecutivo.

Dicho Consejo, precisan, “tendría la facultad de aprobar las iniciativas del Ejecutivo, así como realizar las observaciones del Ejecutivo a las leyes del Congreso; además de revisar el proyecto de Presupuesto y de Ley de Ingresos, y todos los reglamentos que se derivan de las leyes emitidas por el Congreso”.

Plantean, asimismo, la creación de un gobierno de coalición cuando el partido al que pertenece el titular del Ejecutivo federal no tenga mayoría en el Congreso: “Este gobierno tendría que integrarse a través de un acuerdo entre el gobierno y los partidos que intervinieran eventualmente en la coalición, de tal manera que estas fuerzas, además, estuvieran también presentes en el Consejo de Gobierno”.

Los perredistas prevén que las cámaras del Congreso “puedan hacer lo que hasta ahora no han hecho a través del juicio político, es decir, establecer un juicio político por otra vía y puedan destituir o despedir a cualquier secretario de Estado, al que consideren inepto o que esté haciendo mal las cosas”.

Aclaran que el procurador general de la República no sería parte del Consejo de Gobierno: “Sería nombrado por la Cámara de Diputados y esta misma ratificaría, a propuesta del procurador, a todos los subprocuradores. Y el mismo sistema operaría en todas las entidades del país: en los 31 estados y el Distrito Federal”.

Otro asunto novedoso que propone el PRD es que “los ayuntamientos se integren por los regidores, como hasta ahora, y que ellos elijan, por mayoría de integrantes, a los presidentes municipales o alcaldes y, al mismo tiempo, lo puedan destituir a través de un procedimiento que diera certeza de la remoción del presidente municipal”.

Además de lo anterior, el partido del sol azteca plantea las candidaturas ciudadanas, la consulta ciudadana, la reelección inmediata de legisladores, la paridad de género en los comicios, la eliminación del fuero, incluido al titular del Ejecutivo, y el reconocimiento pleno de los derechos constitucionales de los habitantes del Distrito Federal.

En materia electoral, concretamente, los perredistas sugieren la creación del Instituto Nacional Electoral “que es la pieza angular de la reforma”. Igualmente, indican que buscarán la integración de una fiscalía única de delitos electorales a nivel nacional, con fiscalización de recursos en internet, y mayor control de los gastos de campaña para que el partido político que incumpla las disposiciones pierda el registro y se anulen los resultados de los comicios.

Propuesta panista

Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, en compañía de Jorge Luis Preciado Rodríguez, coordinador de este partido en la Cámara de Senadores, presentó por su parte los principales elementos de su iniciativa en materia político-electoral.

Entre las principales propuestas de la reforma panista está la conformación de un nuevo sistema electoral, con un Instituto Nacional de Elecciones, un Tribunal de Justicia Electoral y la legislación única en esta materia.

Igualmente, en el tema electoral indican que buscarán que se establezca “como requisito para la conservación del registro y el acceso a prerrogativas obtener 5% de la votación respectiva en los comicios”.

En materia de fiscalización de recursos destacan que “si el candidato ganador de una elección rebasa el tope de los gastos de campaña será sancionado con la nulidad de la elección y no podrá volver a participar en el proceso extraordinario”.

En cuanto a la reforma política, los panistas señalan que prevén “fortalecer las instituciones y ampliar la participación de los ciudadanos en la vida democrática del país, al fomentar la democracia deliberativa que permita la participación ciudadana en la toma de las decisiones del gobierno”.

De esta forma, plantean la reelección de legisladores federales y locales, así como de los presidentes municipales y los jefes delegacionales: “Los senadores se podrán reelegir hasta por una ocasión, en tanto que los diputados federales y locales se podrán reelegir hasta en tres ocasiones, es decir, por un periodo máximo de doce años consecutivos”.

En cuanto a los miembros del ayuntamiento y jefes delegacionales, podrán ser reelectos hasta por un periodo máximo de nueve años consecutivos.

Pretenden los blanquiazules establecer “plazos rígidos” para la duración de las campañas federales y estatales: “Serán de 90 días en el caso de elecciones presidencial y de gobernador, mientras que de 60 días para las elecciones intermedias. Además, la jornada electoral se efectuaría el segundo domingo de agosto”.

En otro punto, plantean la segunda vuelta en elecciones: “Gana la elección en primera vuelta quien: a) Obtenga más de la mitad de los votos emitidos; o bien, b) Obtenga al menos 40% de los votos emitidos y una diferencia de al menos10% respecto del segundo lugar. Aplicará solo para presidente de la República, gobernadores y jefe de Gobierno del Distrito Federal”.

Por otro lado, sugieren la ratificación por parte del Congreso de los secretarios de Hacienda y de Relaciones Exteriores, así como del responsable de la seguridad pública del país.

También impulsan la creación de un Gobierno de Coalición: “En caso de que el Ejecutivo federal no obtenga una mayoría, el Congreso podrá optar por un Gobierno de Coalición. En tanto que las facultades del Congreso de la Unión consistirán en conocer los programas de gobierno y la agenda legislativa del Ejecutivo federal”.

En otro punto, el PAN propone la autonomía del ministerio público: “Se le otorga la naturaleza jurídica de organismo constitucional autónomo al Ministerio Público de la Federación, en tanto que el nombramiento del procurador general de la República lo realizará la Cámara de Senadores, a propuesta de una terna que envíe el Ejecutivo”.

En la mira: acuerdos y desacuerdos

El analista político Carlos Ramírez sostiene que una vez en con las iniciativas en el Congreso panistas y perredistas buscarán que la reforma político-electoral que se apruebe “acote espacios al PRI”, a pesar de lo acordado en el Pacto por México.

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