La reforma política exhibe la discordia entre partidos

Por: A. Hernández / J. A. Caporal
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Las denuncias por presuntos excesos, inequidad y abusos en la campañas hechas por los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) contra el Revolucionario Institucional (PRI) y el gobierno federal una vez concluido el proceso electoral del 7 de julio, trastocaron la ruta de los acuerdos fijados por las grandes fuerzas políticas: todo indica que los acuerdos previos para impulsar en lo inmediato las reformas en materia energética y hacendaria darán paso a la exigencia de la oposición para ir primero por una reforma político-electoral.

Sin embargo, la estrategia adoptada por los líderes Gustavo Madero Muñoz y Jesús Zambrano, asumida como una forma de intentar “cobrarle factura política al tricolor y al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto”, a los que acusan de no impedir ni castigar supuestas ilegalidades cometidas por gobiernos locales durante los comicios, enfrenta dificultades por las divisiones que persisten al interior de esos mismos partidos respecto del tipo de reforma electoral que pretenden.

Así, mientras el líder panista impulsa junto con los diputados de su partido una propuesta política, en el Senado un grupo encabezado por el ex coordinador blanquiazul, Ernesto Cordero, y el líder de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, formalizaron la presentación de una amplia reforma al margen de la que negocian los tres principales partidos políticos.

Esta nueva propuesta prevé la segunda vuelta en elecciones presidenciales y de gobernador, la reelección legislativa y de alcaldes, gobiernos de coalición, eliminación del fuero a todos los funcionarios —incluido el presidente de la República—, nulidad de elecciones por rebase en topes de gastos de campaña y fiscalización en tiempo real de los gastos de campaña.

Calificada por sus impulsores como la reforma política de mayor alcance en la democratización del régimen político porque “es integral y profunda”, busca además establecer cambios para transitar a un régimen semiparlamentario, considera la figura de jefe de gabinete, así como la ratificación del mismo, pretende dar autonomía a la Procuraduría General de la República (PGR) y faculta al Senado para desaparecer órganos electorales locales o aplicar penas más severas a funcionarios públicos y electorales que actúen en beneficio de candidatos o partidos.

Cada uno la suya

Pero al margen de las iniciativas ya presentadas por los grupos parlamentarios o la que negocian PRI, PAN, PRD y el gobierno federal, persisten los desacuerdos respecto del tipo de reforma política que cada uno de ellos quiere.

Temas como la segunda vuelta en la elección presidencial, la reelección de legisladores y alcaldes, la sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE) por un Instituto Nacional de Elecciones (INE), la nulidad de comicios por rebase de topes de campaña, una Ley Electoral única o el tránsito a un régimen semiparlamentario o semipresidencial, mantienen confrontados a los partidos y con profundas diferencias respecto del proyecto que finalmente abordarán.

Para los analistas, el condicionamiento que pretenden imponer PAN y PRD para legislar y aprobar una reforma político-electoral en un periodo extraordinario durante la segunda quincena de agosto ejerce una mayor presión respecto de los alcances de los temas.

Y si bien coinciden en que es urgente, la reforma política se puede convertir en la llave que permita transitar hacia otras de trascendencia para el país o, por el contrario, atascar y retrasar las transformaciones en materia energética o hacendaria, en las que gran parte de los actores políticos coinciden en que resultan indispensables para impulsar el crecimiento económico del país.

Los analistas también advierten que las profundas diferencias que mantienen los partidos en cuanto al alcance de las transformaciones han impedido hasta ahora consolidar la transición democrática, por lo que en su opinión es momento de una reforma que termine con vicios y abusos, pues de lo contrario continuarán los problemas que se presentaron en las recientes elecciones.

En riesgo

La ruta trazada por los principales partidos políticos como parte de las negociaciones establecidas para abordar la agenda de reformas pactada al inicio del actual gobierno federal se encuentra en riesgo por el condicionamiento anunciado por los líderes nacionales del PAN y PRD, quienes afirman que irán en un segundo periodo extraordinario de sesiones por una “nueva generación de reformas electorales” que impidan “vicios y excesos” como los que denuncian se presentaron en las elecciones locales del 7 de julio, como parte de una serie de exigencias que incluyen la aprobación de las leyes secundarias en educación, telecomunicaciones y competencia económica.

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