Ante la inminente amenaza de la industria tabacalera de introducir al mercado mexicano el cigarro electrónico denominado IQOS, Juan Zinser, presidente del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo (CMCT) y Érick Antonio Ochoa, director de Políticas en Salud Pública de la Fundación InterAmericana del Corazón México (FIC México), demandan a la Secretaría de Salud y a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que se hagan públicas todas las negociaciones relacionadas con dicho dispositivo electrónico para el consumo de nicotina.
Zinser mencionó que la industria tabacalera está transitando a este tipo de productos como una alternativa nueva de supuesto “menor riesgo”, sin evidencia científica que lo respalde. Además, destacó que todos los productos denominados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) son dañinos para la salud y contribuyen a acercar a niños y adolescentes a una adicción letal, como es el tabaquismo.
El Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, ratificado por México en 2004, establece que quienes formen parte de este tratado internacional deben proteger las políticas públicas para el control del tabaco adoptadas contra de los intereses de la industria tabacalera.
Sobre el tema, Érick Antonio Ochoa dijo: “Queremos que a IQOS y otros sistemas electrónicos se les apliquen las mismas regulaciones que a los productos de tabaco convencional, como son restricciones de uso en espacios públicos cerrados y áreas interiores de trabajo, prohibición de publicidad, inclusión de advertencias sanitarias sobre las unidades de tabaco y los dispositivos, impuestos, entre otras medidas”.
Los representantes de las organizaciones civiles mencionaron que, junto con otras organizaciones como CÓDICE y ALIENTO, enviaron una carta dirigida al secretario de Salud, José Narro y al titular de la Cofepris, Julio Sánchez y Tepoz, en la cual, además de lo mencionado, recomiendan cuidar que los argumentos que sustentan la decisión pública de la autoridad, no provengan de la industria tabacalera, que busca proteger sus intereses, al debilitar la aplicación de políticas públicas para el control del tabaco adoptadas en México.