Por Guillermo Deloya

De discutible fondo legal, pero de profundo calado en la apertura que hace de frentes corrosivos para la credibilidad hacia las instituciones y la democracia en conjunto, Baja California es un real llamado de atención a la reflexión sobre lo arriesgado que puede ser desdeñar términos y condiciones pactadas que llevan a los electores a tomar su decisión por sufragar.

Y no hay duda: los días recientes ventilaron una nutrida discusión respecto de un caso que impone un verdadero reto al sistema democrático del país. Un suceso que carece de antecedentes, aun cuando existieron en el pasado circunstancias políticas en las que hubiese parecido necesario plantear modificaciones legales para variar las reglas establecidas para una elección presidencial o estatal. Y, sin embargo, en aras de no violentar el Estado democrático de Derecho, las condiciones originales para aquellos comicios permanecieron intocadas.

Y si bien es cierto que en la Carta Magna federal no existe disposición alguna que impida a un Congreso local modificar su Constitución —por lo que estrictamente hablando no se violentó disposición alguna— también lo es que en los comicios del pasado 2 de junio los ciudadanos de Baja California sufragaron por un gobierno de dos años, no de cinco, como ahora se pretende establecer.

Atestiguamos una elección estatal donde el candidato de Morena, ahora gobernador electo Jaime Bonilla, ganó las elecciones con más de 50% de los votos. Desde su triunfo encauzó y alentó las impugnaciones para que le ampliaran el mandato al menos a cinco años. El Tribunal Electoral dictaminó, de manera inapelable, que la solicitud era no procedente.

Argumentos

Pero a pesar de lo innecesario y cáustico que puede resultar para la credibilidad futura del Poder Ejecutivo estatal, apenas empezado el mes de julio el Congreso de Baja California, con apoyo de los demás grupos parlamentarios, aprobó una modificación al octavo transitorio, presentada por el diputado de Morena, Víctor Morán, para ampliar el periodo de la gubernatura a cinco años bajo el argumento de que dejarlo en tan solo dos años implicarían gastos sustanciales al erario.

Argumentos que no operaron, y ni siquiera se discutieron, para casos pasados de elecciones con periodos reducidos a efecto de adecuarse a los términos requeridos por la reforma político-electoral realizada a nuestra Constitución por el entonces presidente Enrique Peña Nieto en 2014, que establecieron las bases para hacer más eficiente la dinámica nacional en la materia.

Además de transformar a la autoridad electoral para darle alcance nacional se impulsó entonces la concurrencia paulatina de elecciones a gobernador en los estados para que estas se acompasaran con las elecciones federales que se realizan cada tres años. Baja California también se sumó a tal cometido modificando la Constitución para que esta elección fuera por un periodo de dos años.

Reglas que hasta ahora parecería que no serían violentadas, tal cual ocurrió para importantes estados como Veracruz, donde se eligió mandatario para ejercer el Poder Ejecutivo durante dos años, y Puebla para un año y ocho meses. Ambos periodos concluyeron sin que se trajera a colación intentona alguna por variar esos periodos desde los legislativos estatales.

Y en un esquema que tiende a la polarización no se entiende la necia maniobra por prolongar un mandato que ya resulta una reyerta nacional en torno de su legalidad y apego constitucional, que mina la confianza y reputación democrática de un gobernador que hallará condiciones mucho más adversas a las que ya tenía y que, finalmente, pone en entredicho el discurso de Morena sobre la vocación que se tiene desde el partido y el gobierno por erigirse en respetuosos de la ley.

No entremos al peligroso terreno de tratar de flexibilizar los parámetros de un Estado de Derecho mexicano que habitualmente encuentra en sus entrañas confrontaciones. La certeza mínima que exigen los gobernados para confiar y legitimar a su gobierno depende del grado de cumplimiento y compromiso que las instituciones puedan demostrar hacia ciertos preceptos y nociones básicas en el día a día. Los derechos políticos son fundamentales e inviolables para una democracia: los habitantes de Baja California se lo merecen; el respeto al pacto federal lo exige.