Nadie se puede llamar a engaño. Desde hace años el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su rechazo a la reforma energética de 2013 y 2014. Prometió que no haría cambios a la Constitución en sus primeros tres años de gobierno y lo ha cumplido, pero ahora presentó la iniciativa para las enmiendas. Lo hace a casi tres años de gobierno, pero también porque los tribunales declaran una y otra vez como inconstitucionales sus políticas y leyes en materia energética. Los electores, al apoyar al presidente con su voto en 2018, le dieron luz verde para estos cambios. Así es la democracia.
Me parece razonable, por otra parte, que el presidente presente su iniciativa para una discusión abierta. No es una reforma negociada en secreto. Esto también es democracia.
Dicho lo anterior, mi posición es que la reforma representa un grave paso hacia atrás. El gobierno trata de regresarnos en el tiempo no solo un sexenio y medio, sino tres décadas. La iniciativa nos arrastra a un momento en que el gobierno tenía un control absoluto sobre la energía. Pone en riesgo inversiones privadas que se han hecho desde los noventa y que impidieron que el país cayera en nuevas crisis energéticas como las del sexenio de Luis Echeverría.
Todo el mundo se acerca a una difícil situación en energía, ocasionada en parte por las intervenciones de gobiernos que por decreto establecen plazos fatales en la transición a nuevas tecnologías sin tener en cuenta la realidad de los mercados.
El precio del gas natural subió 135% en el último año, mientras que los costos de la electricidad en países como España y Alemania, que cobran un oneroso impuesto a las emisiones contaminantes, se dispararon. China lanzó a sus empresas de energía a comprar gas “a cualquier costo”. Rusia utiliza su producción de gas como carta de negociación política con Europa ante las presiones de Estados Unidos. México es el único país que piensa que la forma de enfrentar esta encrucijada es reducir la inversión en energía.
Fomentar la inversión
Con una visión setentera de que lo importante es mantener la “rectoría del Estado”, el gobierno decidió que la CFE debe tener una participación de 54% en generación. No hay ninguna razón técnica para tal cifra. Es una participación, por otra parte, que no se puede obtener en un mercado abierto. La CFE genera electricidad a un costo de dos a tres veces superior al de las empresas privadas, que además lo hacen de manera mucho más limpia.
El presidente afirma que con su iniciativa se evitará que haya aumentos de precios “como en España”, pero esto no tiene sentido. La razón por la que hay aumentos de precios, no solo en España sino en el mundo, es porque los energéticos subieron. Cuando los precios bajaron en España y en el mundo en 2020, al desplomarse los energéticos por la pandemia, la CFE no trasladó el ahorro a los consumidores mexicanos. En el futuro, si persiste el aumento en los energéticos, la única forma en que el gobierno podría evitar un alza de precios es subsidiando la electricidad, como Venezuela, pero eso tendría un costo enorme para la CFE y para la economía nacional.