México, tan cerca de alcanzar un andamiaje jurídico que propicie los derechos político electorales de las mujeres, y tan lejos de garantizar que estas leyes realmente se cumplan.
A más de seis décadas de que por primera vez, el 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas acudieran a las urnas a sufragar en una elección federal, la meta de la democratización paritaria sigue siendo un anhelo.
Casi un cuarto de siglo después, en 1979, resultó electa la primera gobernadora estatal de nuestro país, Griselda Álvarez, quien hasta 1985 se mantuvo al frente de las decisiones en Colima. El que esta mujer resultara electa legalmente en las urnas no impidió que la violencia política —no acuñada como término definido en aquel entonces— se hiciera presente: la mañana de su toma de posesión le fue colocado un mandil blanco a la estatua del héroe indígena Colimán, quien resistió hasta la muerte la llegada de los conquistadores españoles. ¡Vaya manera de algunos sectores de la sociedad de repudiar la participación de las mujeres en la vida política de su estado!
Griselda Álvarez había obtenido más de 50 mil votos de diferencia con respecto de su competidor más cercano. Durante su toma de posesión habló de equidad de género: “Vivamos un tiempo nuevo de plena igualdad con los hombres: sin privilegios que no requerimos, pero sin desventajas que no merecemos”.
Estas palabras, pronunciadas en 1979, siguen siendo aspiración y añoranza, mas no realidad.
Mapa
Resulta necesario revisar el panorama estadístico mundial para entender dónde está México actualmente. Durante los últimos 20 años el planeta ha sido testigo de constantes cambios orientados hacia una mayor igualdad de género en los cargos de elección popular. Según datos de la ONU casi 90% de los países incrementó el porcentaje de mujeres a nivel legislativo, y cabe destacar que 40 países eligieron a más de 30% de mujeres como representantes en sus congresos.
¿Dónde está México en este mapa? En el ranking de Mujeres en los Parlamentos, que implica una lista de 191 países de todo el mundo, nos colocamos en el cuarto lugar con mayor participación de mujeres legisladoras. Estamos solo por debajo de Ruanda, país que encabeza la lista seguido de Cuba y Bolivia. Estas tres naciones superan 50% de legisladoras en sus cámaras. Importante es preguntarse ¿por qué?, ¿cuál es el siguiente paso para que México consolide la participación de las mujeres en el ámbito político?
Si bien es cierto que la reforma política de 2014 representó un cambio indispensable en materia de paridad de género, aún falta mucho por hacer.
El gran pendiente a vencer se llama “violencia política”. Aquí es importante evaluar el caso de Bolivia, como punta de lanza, ya que en 2000 ahí se acuñó el término “violencia política” por candidatas y funcionarias que eran atacadas principalmente en las municipalidades rurales. Doce años tuvieron que pasar para que se lograra la promulgación de la Ley No. 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.
En la región al menos otros cinco países han legislado para hacer frente a la violencia política: Costa Rica, Ecuador, Honduras, Perú y México.
En nuestro país en 2012 se presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir la tipificación de la violencia política, pero este esfuerzo no se concretó.
Ocho años después este tema vuelve a ser relevante en el Congreso mexicano. Desde hace casi un mes se negocia una reforma para castigar la violencia política contra las mujeres. Este tema ya lo aprobó la Cámara de Diputados y este jueves fue aprobado por unanimidad en comisiones unidas del Senado de la República. Este dictamen busca reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica de la Fiscalía de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Además la cámara alta se comprometió a que este 10 de marzo el pleno legislará únicamente sobre temas de género.
La realidad es contundente. La presencia de las mujeres en la vida política desafía el statu quo y obliga a la redistribución del poder. Por ello mientras la violencia política contra las mujeres sea tolerada la democracia seguirá siendo una mera utopía.