El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, advirtió en la Asamblea Legislativa capitalina (ALDF) que sin los recursos suficientes para el siguiente año, las 20 nuevas salas orales y mercantiles “sencillamente no van a poder operar”.
Como parte de las mesas de trabajo para el análisis del Presupuesto de Egresos de 2013, añadió que tan sólo para la implementación de la reforma penal en materia de juicios orales se requieren 112 millones de pesos, por lo que el tribunal necesita en total un mínimo “irreductible” de 4,793 millones de pesos.
Ante diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del órgano legislativo local, indicó que está pendiente en el TSJDF “una agenda cargada de gasto”, como el tema de los dos jueces de ejecución de sanciones penales, que entraron en funciones a partir de la reforma judicial, quienes atienden casi 20 mil expedientes.
Dicha situación “hace absolutamente infuncional el tema”, pues cada juzgado penal debería tener un juez de ejecución, y si existen 69 juzgados más los de la justicia de adolescentes, son necesarios un centenar de impartidores de justicia que den seguimiento a la reinserción social de cada uno de los sentenciados.
A su parecer, el máximo tribunal de la capital está “congelado en los avances que pudiera haber”, y además de que no puede operar reformas que se han dictado desde el orden constitucional, “está a punto de la inamovilidad presupuestal”, lo que es preocupante, pues es un órgano que dicta más de mil sentencias al día.
Detalló que se llevan a cabo mil 500 audiencias diarias, tiene nueve mil 300 trabajadores y su trabajo se compara 50% del Poder Judicial de la Federación, “con prácticamente el 15 por ciento de su presupuesto.
Elías Azar señaló que desde 2011, el máximo tribunal capitalino ha tenido un déficit cada año, que en ocasiones alcanzó los 330 millones de pesos.
“Este déficit no puede crecer más porque todo se va a tener que ir a ampliaciones líquidas”, cuando en la actualidad el TSJDF opera ya con 25 por ciento de presupuesto derivado de recursos de ese tipo, abundó. Recalcó que con toda la autoridad política que le confiere ser presidente del tribunal, insistió a los diputados que “ya basta de concurrencias legislativas sin respaldos presupuestales” y apuntó que “está en su responsabilidad la decisión de ver si es más importante o de qué es lo más importante y cómo se puede repartir ese presupuesto”.