En julio del año pasado 104 diputados de todas las fracciones presentaron la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la cual fue aprobada por unanimidad y significó una victoria.
Hoy, poco más de un año después y con resultados concretos respecto del número de consignaciones —en la capital se han logrado 35 sentencias en tres meses, lo que se había hecho en cinco años—, inexplicablemente la senadora Adriana Dávila impulsa una iniciativa que pretende dividir el contenido de la Ley General que actualmente regula la prevención, investigación, sanción y erradicación de los delitos en todas las jurisdicciones y competencias.
Ello entorpecerá los esfuerzos coordinados del Estado y favorecerá, en cambio, a quienes lucran con estos delitos.
Lo más preocupante es que la senadora Dávila pretende postularse como candidata a gobernadora de Tlaxcala, estado en el que, según datos proporcionados por la especialista en el tema Patricia Olamendi, en 23 de sus 60 municipios hay crecimiento de este delito.
Dávila ha celebrado reuniones privadas en el Senado para tratar este tema, en las que se limita la invitación a diversas organizaciones avocadas a esta lucha, así como a los medios de comunicación. Las reuniones realizadas en la Cámara de Diputados para discutir lo referente a esta Ley General se han llevado a cabo, por el contrario, a la luz pública, abiertas a la sociedad y medios de comunicación.
Diferencias
¿Por qué esa diferencia de enfoque entre ambas cámaras?
En el Senado se invita a impartidores de justicia a analizar los resultados obtenidos y no se presenta ningún procurador; quienes critican la ley son aquellos que no han logrado ninguna sentencia.
En San Lázaro se reúnen quienes tienen más sentencias y hablan de las bondades de la ley.
Lo que llama la atención de todos aquellos involucrados en este tema es que la senadora Dávila ya presume de contar con el apoyo de más de la mitad de los senadores para su proyecto de dar marcha atrás a la legislación.
Pero lo más alarmante es que se le ha escuchado asegurar que cuenta con el apoyo de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y que ya están negociados los cambios.
Si las aseveraciones de la senadora Dávila son ciertas, la pregunta para Osorio Chong sería: ¿Por qué, en medio de tantas reformas, las cámaras tendrían que ponerse a discutir una ley que en la pasada Legislatura fue aprobada por unanimidad de votos y está dando resultados cuantificables?
Esperamos que estas afirmaciones no tengan un sustento real y no se negocie esta iniciativa sin haber realizado un análisis serio, porque sin duda los beneficiados serán los tratantes y las perjudicadas serán las víctimas que llevan años esperando ser liberadas de la esclavitud que les ha robado su vida y su libertad.
Y como estilo mata carita…
¿René Bejarano logrará mantener la Secretaría General del PRD luego de quedar fuera del pacto por Cocoyoc?...