Por Antonio Caporal
Julio Antonio Hernández Barros, presidente del Comité de Personas Desaparecidas, No Localizadas, Ausentes o Extraviadas, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, explica cómo se construye el Registro Nacional de Víctimas, etapa esencial para que el ciudadano tenga acceso a los apoyos del gobierno.
Señala que el registro no es solamente un conjunto de datos y cifras, “sino más bien una especie de contenedor de historias”. Y añade: “Cada víctima en nuestro país tiene una historia y reducirlas a números es, además de indebido, cruel”.
Hernández Barros indica que en estos momentos se conforma el registro con datos que la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas recaba a partir de los que acuden a ella a inscribirse, además de datos que recopilan las comisiones ejecutivas de atención a víctimas en cada una de las entidades: “Estamos creando todos los nódulos de software y haciendo convenios con los estados para tener más datos”.
—¿Se tiene ya un aproximado de cuántas personas desaparecidas hay?
—La idea es tener el número real de víctimas, no solo de desapariciones, sino de todos los delitos, principalmente los de alto impacto: desaparecidos, secuestros y delitos sexuales.
El funcionario agrega que se está en el proceso de conformación del registro y calcula que en el primer semestre de 2015 estaría listo.
Por otro lado resalta que se trata de un registro con datos “muy sensibles y por ello está encriptado con la más alta tecnología que existe”. Añade que “no está en ningún servidor conectado a internet y por tanto no es hackeable. Y para acceder se necesitan dos claves: una clave larga que permite entrar al sitio donde está guardado y otra para desencriptar el documento”.
El Registro Nacional de Víctimas será el mecanismo administrativo y técnico que soporte todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito. En consecuencia constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral previstas en la ley.
Al respecto explica que cuando se trata de delitos graves —cuando se trata de la vida o la privación de la libertad, por ejemplo— y el delincuente no ha sido identificado, o se identifica pero no es localizado, o se localiza pero no tiene solvencia para reparar el daño, entonces el Estado podrá hacer una aportación económica a las víctimas y luego cobrarle al delincuente. El monto máximo es de 500 salarios mínimos vigentes, es decir, casi un millón de pesos.
Julio Hernández dice que el fondo también serviría para reparar un daño cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, esto es, cuando son las propias instancias del Estado las que afectan a los ciudadanos.
El comisionado refiere que después de “estar en contacto con las víctimas y conocer tantas historias de desaparecidos y tanta indolencia que había para con las víctimas, queda claro que urgía hacer algo”.