Si durante ocho años se asumió la lucha contra el crimen organizado como un asunto meramente policiaco o de seguridad pública, los últimos acontecimientos que han sacudido a la sociedad debieron llamar la atención: la violencia criminal como un asunto social sin control.
La crisis en Iguala debió haber prendido los focos de alarma en los tableros de inteligencia y seguridad nacional del gobierno mexicano, porque mostró cuando menos cinco signos que estarían indicando que la fase de lucha contra los capos del crimen organizado perdió efectividad y que la violencia viene de regreso contra la sociedad.
Los datos revelan conflictos por encima de los meramente policíacos:
1. La reorganización, limpieza y control de las policías municipales ha sido simple y llanamente un fracaso.
2. Las estructuras estatales y municipales de cobertura de los cárteles siguen siendo políticas y empresariales y han llegado a la integración.
3. Los videos de Servando Gómez La Tuta con periodistas, políticos y empresarios confirman las relaciones orgánicas entre estructuras sociales con las bandas criminales.
4. La estrategia de seguridad sigue descansando solo en la captura de jefes de cárteles, dejando intactas las estructuras intermedias y bajas de poder.
5. El problema de seguridad de México ya no es el tráfico de enervantes, sino los delitos de secuestro, extorsión y chantaje por parte de delincuentes disgregados de los cárteles.
Rezago
A pesar de las expresiones criminales el problema radica en la existencia de estructuras criminales integradas a las estructuras sociales, políticas económicas y de gobierno. De ahí que se requiera ya no tanto una ofensiva policiaca o de seguridad pública sino un trabajo de inteligencia y seguridad nacional y un pacto político entre las principales fuerzas nacionales.
El colapso de seguridad en Iguala no es nuevo: bandas criminales —la de los hermanos Beltrán Leyva— coparon al gobierno perredista-petista-Movimiento Ciudadano en el municipio sin que los liderazgos de esos partidos hubieran hecho caso a las advertencia circuladas desde 2012. Y en Michoacán el crimen organizado copó al PRD y al PRI locales.
Una cosa fue que las bandas criminales hubieran corrompido a las policías municipales y otra que a plena luz del día esas bandas hubieran subordinado a las autoridades municipales. Los organismos políticos, de inteligencia y de seguridad nacional del gobierno federal y del gobierno estatal fueron rebasados por estrategias criminales nada sofisticadas. Lo grave fue que las denuncias de hace dos años hubieran sido desdeñadas oficialmente.
El otro punto político de gravedad radica en que Iguala repitió el caso de Michoacán: durante el gobierno perredista de Leonel Godoy su medio hermano Julio César Godoy se convirtió en operador político de La Tuta y pese a las denuncias el PRD lo hizo candidato a diputado federal, le dio votos para la victoria y lo ingresó clandestinamente a la cámara baja para protestar y obtener fuero; luego vino el caso del gobernador priista Fausto Vallejo, cuyo hijo y secretario de gobierno están en la cárcel por haberse aliado a La Tuta.
La estrategia nacional de seguridad quedó rezagada ante la audacia de algunas organizaciones del crimen organizado y ante la desarticulación de bandas para desperdigar a delincuentes cometiendo tropelías en lo particular. En este punto nos encontramos.