Las 2 mujeres que sobrevivieron a las presuntas ejecuciones extrajudiciales adelantadas por soldados en junio y que están encarceladas bajo cargos de acopio de armas, son inocentes y deben ser liberadas de inmediato, consideró Raúl Plascencia, expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Plascencia dijo que las 2 mujeres no eran parte del presunto grupo criminal al que pertenecían los 22 muertos en una bodega de Tlatlaya, en el Estado de México. Según una investigación de la comisión ambas fueron torturadas y agredidas sexualmente por funcionarios estatales para que validaran una versión falsa dada por el Ejército en el sentido de que hubo un enfrentamiento.
Plascencia, que este sábado deja su cargo como presidente del organismo, dijo que las 2 mujeres eran prostitutas que fueron contratadas para acompañar a un líder del grupo al que conocieron en la bodega abandonada donde sucedieron los hechos el 29 de junio. El cabecilla del grupo, junto con otro hombre, logró escapar después de un tiroteo que inició el Ejército la madrugada del 30 de junio.
La detención de las mujeres constituye una violación de sus derechos humanos, dijo Plascencia, quien supervisó la investigación realizada por la CNDH sobre las supuestas ejecuciones extrajudiciales. El ejército originalmente dijo que los 22 sospechosos murieron en un prolongado intercambio de disparos.
Inicialmente, el Ejército aseguró que los 22 presuntos criminales, incluida una adolescente de 15 años, murieron luego de un enfrentamiento con soldados. Sin embargo, las 2 mujeres, junto con una tercera sobreviviente que está libre, han declarado a las autoridades que la mayoría de los sospechosos se habían rendido y estaban desarmados cuando soldados les dispararon.
Ambas mujeres están detenidas en una prisión federal en Nayarit, donde enfrentan un proceso por acopio de armas y posesión ilegal de cartuchos.
La Procuraduría General de la República, que acusó a las 2 mujeres, tiene la posibilidad de retirar cargos utilizando algunas figuras legales, como el desistimiento de los cargos y la presentación de conclusiones no acusatorias, algo que ha hecho en otras ocasiones.
El caso
La Comisión de Derechos Humanos señaló que la Procuraduría del Estado de México presentó un reporte inicial en el que apoyó la versión inicial del Ejército y dijo que algunos de sus funcionarios torturaron y agredieron sexualmente a las dos mujeres hoy detenidas. Ellas fueron golpeadas, pateadas, las intentaron sofocar con bolsas de plástico e, incluso, fueron amenazadas con ser violadas hasta que aceptaran decir lo que quería la procuraduría.
El Ejército dijo en un comunicado inicial que sus soldados habían rescatado a las mujeres que estaban secuestradas, pero luego la Procuraduría las acusó de acopio de armas.
Esta versión comenzó a ser puesta en duda debido al resultado del supuesto tiroteo: el Ejército dijo que sólo uno de los soldados fue herido.
Además, periodistas de la AP visitaron la bodega 3 días después del incidente y encontraron pocas evidencias de que se hubiera librado un enfrentamiento prolongado: en las paredes había una serie de marcas de disparos a la altura del pecho de una persona, lo cual sugería que los tiros se habían hecho a corta distancia.
Y en septiembre, la tercera mujer que sobrevivió, dijo a la AP y a la revista ‘Esquire Latinoamérica’ que sólo una persona murió en el enfrentamiento y que el resto se rindió y salió de la bodega con las manos en la nuca. La Procuraduría General no comenzó la investigación de las posibles ejecuciones hasta tres meses después del incidente y ya cuando se habían divulgado reportes periodísticos sobre las dudas en torno al caso.
Tras los reportes, el Ejército detuvo a 8 militares bajo señalamientos de violaciones a normas castrenses y luego la Procuraduría presentó cargos ante un juez civil contra siete de ellos por acciones impropias de un servidor público. Tres también fueron acusados de homicidio. La comisión ha pedido que se amplíen las investigaciones a más militares y funcionarios que habrían estado involucrados luego del enfrentamiento y que se lleve a la justicia el caso de las mujeres que fueron torturadas y maltratadas.
Zerón dijo que la Procuraduría aún analiza las recomendaciones que hizo la Comisión de Derechos Humanos en su reporte fechado el 21 de octubre.
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