México ha vivido 3 meses de zozobra por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidrio Burgos”, en el municipio de Iguala, Guerrero.
Y a 3 meses de que ocurriera el incidente en el que se han visto involucradas tanto organizaciones criminales como autoridades corruptas, de los 43 desaparecidos sólo se ha conocido el destino de 1 de ellos.
El 6 de diciembre pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que, con los trabajos del equipo de forenses argentinos, se determinó que una parte de las cenizas encontradas en un basurero aledaño a Iguala pertenecen a Alexander Mora Venancio, uno de los secuestrados.
De esta manera, la dependencia federal cumplía, al menos en el caso de uno de los estudiantes, la exigencia de los padres de los desaparecidos en torno a que sólo con la certificación de los forenses de Argentina reconocerían que sus hijos habían muerto.
La tesis sobre el fallecimiento de los alumnos de la Normal de Ayotzinapa la brindó el procurador Jesús Murillo Karam el 7 de noviembre, cuando presentó importantes adelantos en la investigación sobre el paradero de los jóvenes.
La declaración de al menos 3 presuntos autores materiales y otros testimonios señalaron la conexión entre el grupo delincuencial Guerreros Unidos y la alcaldía de Iguala, encabezada por el hoy preso José Luis Abarca, quien después sería detenido el 4 de noviembre en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, junto a su esposa María de los Ángeles Pineda, señalada también por ser el vínculo directo del municipio con los delincuentes.
Pero no sólo se develó la profunda corrupción de las autoridades de la zona, sino también su responsabilidad en el secuestro y, según las mismas declaraciones, asesinato y posterior incineración de los normalistas en el basurero de Cocula, municipio cercano a Iguala.
La PGR ha responsabilizado, hasta el momento, a los Guerreros Unidos, a las alcaldías de Iguala y de Cocula y a la policía municipal de ambas de la desaparición y posible asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa.
Murillo Karam anunció en la misma conferencia de prensa que, además de la participación de los expertos argentinos, se enviarían los restos a la Universidad Médica de Innsbruck, Austria, una institución y autoridad a nivel mundial en materia forense. No obstante, incluso los mismos expertos de Innsbruck declararon que el caso Ayotzinapa es uno de los más difíciles que han investigado.
La dificultad del caso ha sido enorme desde el principio; las confesiones de los detenidos citadas por la PGR indican que las supuestas cenizas y restos de huesos de los estudiantes fueron depositadas en 8 bolsas de basura y después, algunas de ellas con agujeros, arrojadas al río, lo que sin duda haría imposible recuperar una parte importante de las mismas.
El caso Ayotzinapa ha pasado por momentos polémicos debido a trabajos periodísticos de algunos medios que no sólo contradicen la actual versión oficial, sino que incluso acusan a la Policía Federal y al Ejército de participar directamente en la desaparición. A esto, el procurador Murillo Karam negó los señalamientos y afirmó no contar con las pruebas que cita el texto, publicado en la revista Proceso, y “si de veras aparecen, ojalá me las lleven y me las muestren para analizarlas”.
Protestas
Por otro lado, el secuestro de los estudiantes de la Normal en Ayotzinapa ha provocado protestas en todo el país, pero las de mayor intensidad han ocurrido en Guerrero y en la Ciudad de México.
En el estado de Guerrero, los ayuntamientos de Iguala y Chilpancingo; el Palacio de Gobierno del estado mismo; además de oficinas de varias dependencias gubernamentales y partidos políticos, han sido incendiadas por encapuchados que se identifican como estudiantes de Escuelas Normales del estado y por miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).
En la capital, las manifestaciones, en su mayoría pacíficas, han culminado en ocasiones en hechos violentos, como la quema de la puerta de Palacio Nacional, esto al día siguiente de la conferencia de Murillo Karam; y el 20 de noviembre, en la que se suscitaron enfrentamientos entre embozados y miembros de la Policía del Distrito Federal, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y posteriormente en la plancha del Zócalo.