La Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, aprobada en 2008, estableció lineamientos para la transición del sistema inquisitivo de juicios, aún vigente en varios estados del país, hacia uno acusatorio oral, que deberá aplicarse en todo el país para junio de 2016.
En la Ciudad de México, los juicios orales serán vigentes a partir del 16 de enero, por lo que es importante conocer cómo funcionarán para lograr impartir justicia a las víctimas de una manera más rápida y eficiente.
Un juicio oral permite que las partes involucradas, tanto el acusado como acusador, aporten pruebas que sustenten su versión de los hechos sobre un caso.
El proceso oral inicia cuando el Ministerio Público ejerce su capacidad de formular una acusación ante el órgano jurisdiccional penal. Asimismo, reconoce que las partes tienen las mismas posibilidades de alegar, probar e impugnar.
Permite además contraponer argumentos entre acusador y acusado, en tanto que garantiza el derecho de éste último a la defensa.
Dentro del juicio oral, todo acusado puede presumir su inocencia en tanto no haya una sentencia condenatoria.
El público tiene el derecho de presenciar el desarrollo del debate y controlar el mismo.
Por otro lado, todos los participantes en el juicio deben expresar sus pensamientos de viva voz, los cuales serán documentados en el acta de audiencia. Asimismo, garantiza que dicho juicio lo realizará el mismo tribunal y que éste contará con todos los elementos útiles para emitir una sentencia.
El acusado y el juzgador no pueden ser reemplazados por otra persona durante el juicio.
Aunque se realice en varias sesiones (las cuales deberán limitarse al menor número posible), la audiencia se considera como una sola unidad, en tanto que también se buscará que las sesiones no sean arbitrariamente cortas o demasiado largas.
