La evaluación a los maestros en el país es constitucional y no viola el derecho humano de estabilidad en el empleo, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el aspecto central de miles de amparos promovidos por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de la evaluación obligatoria a los docentes, establecida en la reforma educativa, el primer cambio estructural aprobado en la actual administración.
Con su fallo, el máximo tribunal del país validó la legalidad de las leyes secundarias de la reforma educativa y dio un revés a la pretensión de los maestros disidentes en su intento de que la evaluación a los profesores fuera declarada inconstitucional por supuestamente afectar los derechos de los trabajadores de la educación.
El veredicto de la mayoría de los ministros respecto de la impugnación de las leyes secundarias de la reforma educativa por parte de la CNTE es de gran trascendencia, pues ratifica que el marco normativo no vulnera las garantías laborales de los mentores, con lo que valida la reforma educativa y la aplicación de la evaluación a los profesores, paso indispensable para que los estudiantes en el país puedan acceder a una educación de calidad.
A esta resolución hay que sumar el amparo que promovieron padres de familia de Cabo San Lucas, Baja California Sur, quienes lograron una suspensión provisional para que el Estado mexicano garantice a los alumnos de una escuela local el que reciban una educación continua y de calidad y que los alumnos no interrumpan sus estudios por paros y falta de maestros.
Ambos fallos judiciales ponen de manifiesto el derecho que tienen los mexicanos a recibir una educación de calidad y de manera continuada, por lo que al recibir el aval jurídico tanto de la Suprema Corte como de un juez federal se privilegió la reforma educativa respecto de las garantías laborales y sindicales que, como lo dejaron en claro los ministros, no resultan afectadas por la evaluación a los mentores.
No viola derechos
Al iniciar la revisión de los amparos interpuestos por los profesores inconformes con la evaluación, la Suprema Corte declaró constitucional el sistema de evaluación para el ingreso, permanencia y promoción de los maestros.
Por unanimidad, el pleno determinó que los cuatro artículos que prevén la evaluación de los docentes no violan el derecho humano a la estabilidad en el empleo.
También determinó que la evaluación a la que están obligados los profesores no vulnera sus derechos a la dignidad humana ni a un nivel de vida adecuado, además de que no provoca que pierdan su empleo si no aprueban la tercera evaluación que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente.
En su intervención, el ministro Arturo Saldívar consideró que el cese de los docentes que no aprueben tres evaluaciones garantiza que quienes estén al frente de un aula cuenten con conocimientos actualizados y las aptitudes necesarias para el desempeño de su labor.
La mayoría de ministros también coincidieron en que el sistema de evaluación no afecta el derecho de los profesores a la dignidad humana y a un nivel de vida adecuado; tampoco afecta la garantía de audiencia de los mentores ya que si no aprueban la tercera evaluación pueden ser separados o readscritos a otra área, además de que cuentan con diez días para defenderse y presentar pruebas a su favor.
De igual manera, el pleno de la Suprema Corte determinó que la ley no viola el derecho de la no aplicación retroactiva de una norma, puesto que quienes eran maestros antes de su entrada en vigor, si no pasan la tercera evaluación y tienen un nombramiento definitivo serán reubicados en otras áreas sin perder su trabajo.
Rechazo
La evaluación obligatoria de los maestros ha sido uno de los principales detonantes para las movilizaciones y paros de actividades que han realizado profesores de la CNTE, sobre todo en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, lo que ha provocado que cientos de miles de estudiantes de educación básica se queden sin clases durante semanas e incluso meses.
Pese al reclamo social y gubernamental para que los maestros inconformes con la reforma educativa y la evaluación regresen a las aulas a dar clases al tiempo que se continúa con las negociaciones, las movilizaciones y los paros han continuado a lo largo del país.
Ante esta postura reiterada de la CNTE, la Secretaría de Gobernación se negó a restablecer las negociaciones con los maestros hasta que estos volvieran a las aulas y se mantuvieran abiertas las escuelas, lo que ha permitido normalizar en alguna medida las clases sobre todo en las entidades más afectadas, como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas.
Se cumplirá
La reforma educativa, la primera aprobada en el actual gobierno, es la que mayor respaldo social y político recibió debido a la importancia y trascendencia que tiene en la formación de los estudiantes y para el desarrollo del país.
El presidente Enrique Peña Nieto ha reiterado que la educación de calidad adquiere un carácter primordial y estratégico para el desarrollo de las naciones y así lo entiende México, por lo que su administración emprendió importantes transformaciones en la materia.
El mandatario ha hecho ver que un elemento distintivo de la reforma educativa es la evaluación docente, aspecto de gran relevancia ya que por primera vez los ascensos serán obtenidos con base en el mérito de cada maestra y maestro del país.
“Se trata de un verdadero cambio de paradigma que enfrenta resistencia de algunas minorías. Lo cierto es que este nuevo modelo beneficia a todos, a maestros y a alumnos por igual, y por eso su implementación no tendrá marcha atrás. Es una obligación constitucional y estamos para cumplirla”, remarcó el presidente.
Eje rector
Por su parte el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, resaltó que la reforma educativa tiene el propósito de hacer del aprendizaje de calidad con equidad, eje rector y motor del desarrollo, además de ser un derecho humano.
El responsable de la educación en el país reconoció que modificar las prácticas y estructuras no es tarea sencilla ni inmediata, “pero el compromiso con la ciudadanía nos impulsa a trabajar de manera coordinada y decidida para cumplir las más altas aspiraciones. Mover a México implica convocar a todas las fuerzas y a todos los actores” a favor de la educación.
De ahí que destaca que los concursos de promoción en educación básica, los primeros que se tenían previstos dentro de la reforma educativa, se realizaron como estaba previsto y con ellos “murió el sistema escalafonario anterior”.
Llamado
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, hizo a su vez un llamado para que los ombudsmen de los estados se pronuncien en favor de la educación.
Resaltó que el derecho a la educación de calidad es una prioridad y como tal debe tratarse en atención al interés superior de la niñez y de los jóvenes.
Durante la inauguración del Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, González Pérez pidió a las autoridades educativas cumplir con sus obligaciones como servidores públicos y dar vigencia a este derecho, pues dijo que solo así podrá accederse a una educación de calidad.
Asimismo, pidió a sus homólogos estatales pronunciarse en favor de la vigencia y protección del derecho humano a la educación, especialmente por lo que hace a niñas, niños y adolescentes.
Fallo histórico
El paro constante de actividades en Baja California Sur, el último de los cuales dejó sin clases a 120 mil estudiantes de educación básica durante mes y medio, obligó a padres de familia de Cabo San Lucas a presentar un amparo indirecto para pedir que se respete el derecho de los menores a recibir una educación continua y que no se violenten sus derechos humanos para recibir instrucción de calidad.
Ese esfuerzo jurídico rindió frutos —pese a que en un primer instante fue rechazada la petición— cuando el Tribunal Colegiado del XXVI Circuito les dio la razón y ordenó a un juez federal que les otorgara una suspensión provisional para que se instruyera a las autoridades responsables del sector, como la SEP y la Secretaría de Educación del estado, entre otras instancias gubernamentales, a garantizar la educación de los menores de la escuela primaria Profesor Arturo Guerrero González, con sede en ese puerto turístico, a nombre de quienes se presentó el amparo.
El fallo judicial es histórico en el país, ya que obliga al Estado mexicano a través de sus distintas instituciones a garantizar el acceso de los menores de ese plantel bajacaliforniano a la educación en caso de que se vean afectados por una suspensión de labores magisterial, ya sea en sus propios salones o en la habilitación de otros, para lo cual proveerá de maestros o personal calificado para que los estudiantes continúen recibiendo instrucción educativa y no se violenten sus garantías individuales.
Para los abogados Adrián Real Ordaz y Ruy Lara Díaz, quienes elaboraron y presentaron la solicitud de amparo, la suspensión otorgada abre una puerta para que en otras entidades afectadas por los paros o suspensión de labores de los profesores los padres de familia utilicen esta herramienta de manera individual o colectiva, para exigir a las autoridades educativas que se garantice la no interrupción de clases y los alumnos no interrumpan sus estudios por la falta de maestros.
Para organizaciones en defensa de la educación y expertos en el tema, el fallo judicial es una excelente noticia que debe conocerse a nivel nacional para que padres de familia de otros estados exijan el derecho de que sus hijos reciban una educación continua y de calidad.
Ruta jurídica
Es en un entorno de protestas por parte de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes han realizado paros principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas ya que se oponen a la evaluación y en general a toda la reforma educativa, que se divulga que los padres de familia de Cabo San Lucas ganaron la suspensión provisional para que se garantice el derecho de los estudiantes de una escuela local a recibir educación continua y de calidad.
Para saber más detalles al respecto, Vértigo buscó a los abogados Real y Lara, quienes forman parte de Litigio Estratégico con Causa Social, una organización sin fines de lucro en Los Cabos.
Real Ordaz relata en entrevista que los padres de familia encabezados por Adriana López Monge, presidenta regional de la Asociación de Padres de Familia del municipio de Los Cabos, se acercaron a ellos con la preocupación del paro magisterial en la entidad que inició a finales abril y llevaba casi 45 días afectando a 90% de los planteles de educación básica en la entidad.
Una vez que escucharon a los padres de familia los abogados prepararon su argumentación, que consistió en reclamar la omisión por parte del sistema educativo, o sea del Estado, de otorgar educación de calidad y continua a los niños afectados.
“Nos amparamos contra distintas autoridades, la Secretaría de Educación Pública federal, la Secretaría de Educación Pública del estado y diversas autoridades educativas, hasta llegar a los propios maestros”, destaca Real.
Los abogados presentaron su solicitud de amparo indirecto ante juzgados federales de La Paz, capital del estado, a mediados del mes de mayo, el cual fue rechazado por varios jueces de distrito.
“Estábamos reclamando la omisión por parte del sistema educativo de otorgar educación de calidad y continua a los niños afectados. Ese era el derecho que nosotros reclamábamos, por lo que al recibir una negativa nos amparamos contra distintas autoridades”, explica.
Dado que no fue aceptada en un principio la demanda de amparo, los litigantes acudieron al Tribunal Colegiado del XXVI Circuito, por lo que a través del recurso de queja los magistrados fallaron a su favor y ordenaron al juzgado de distrito que había rechazado el amparo en un principio que les otorgara una suspensión provisional y ordenara a las autoridades responsables para que, dictándose medidas cautelares, la SEP y otros autoridades educativas y gubernamentales garantizaran el acceso a la educación a los menores.
Una puerta
También dispuso que las escuelas donde los estudiantes tomaban clases u otras que fueran habilitadas contaran con maestros que siguieran impartiendo clases y no se continuaran violando los derechos de los menores quejosos.
“Lo sobresaliente es que el Tribunal Colegiado dio entrada a este amparo por omisión, lo que es histórico, es una decisión muy relevante sin antecedente en nuestro sistema judicial. Y nosotros teníamos confianza en que la Constitución prevé este derecho (de que los menores reciban una educación continua) y se tendría que respetar. Al final rindió fruto el esfuerzo jurídico que hicimos”, dice Adrián Real.
Apunta que el Estado está obligado a garantizar el derecho humano de los menores, por lo que en caso de que hubiera de nueva cuenta un paro y los alumnos quejosos que lograron la suspensión se vieran afectados, tendrían a la mano esta resolución para obligar a las autoridades a garantizarles el acceso a la educación.
“Esta resolución no significa que se puedan resolver todos los paros en el país ni mucho menos, pero sí es una herramienta más que pueden utilizar los ciudadanos para hacer valer este derecho humano”, concluye Real Ordaz.
Poder ciudadano
La presidenta regional de la Asociación de Padres de Familia del municipio de Los Cabos, Adriana López Monge, afirma en tanto que el triunfo jurídico obtenido será de gran ayuda para otros padres de familia en el país que buscan defender el derecho de sus hijos a la educación.
“Quiero decirles a los padres de familia que sean valientes, que se reúnan y organicen; los ciudadanos tenemos el poder y los padres de familia tenemos la obligación de velar por el derecho de nuestros hijos de recibir educación, de pelear por ellos, porque son menores y no pueden hacerlo solos, y son violentados diariamente de muchas formas”, dice López a Vértigo.
Recomienda denunciar ante organismos de derechos humanos y por último solicitar el amparo indirecto, ya sea individual o colectivo, en grupo o de una escuela.
“Ese es el llamado a los padres de familia: que tengan valentía, que se organicen y hagan respetar el derecho de sus hijos”, finaliza.