Cientos de personas salieron a la calles del centro de Madrid a protestar en vísperas de que entre en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal, que popularmente se conoce como “Ley Mordaza”.
La nueva legislación, que entrará en vigor mañana miércoles, ha recibido numerosas críticas y causado polémica desde que fue anunciada. La razón es que termina con varias libertades establecidas desde que España consolidó su democracia.
La “Ley Mordaza” prevé la siguientes multas:
600,000 a 30,000 euros
- Ciertas manifestaciones o actos de protesta no autorizados por los gobiernos
- Fabricar, almacenar o utilizar armas o explosivos
- Realizar espectáculos públicos que quebranten prohibiciones por “razones de seguridad”
- Proyectar luz en el rostro de conductores de transporte para provocar accidentes
30,001 a 60,000 euros
- Desórdenes públicos o por obstruir acciones de las autoridades, como la expulsión de familias desalojadas
- Manifestarse frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas
- Obstaculizar vialidades con barricadas
- Negarse a disolver manifestaciones o reuniones a la exigencia de la autoridad
- Perturbar la realización de una manifestación “legal”
- Consumo o posesión de drogas ilícitas, aunque su fin no sea su venta
600 euros
- “Falta de respeto” a un policía, como grabarlo con un celular o pedir que se identifique
- Celebrar manifestaciones sin comunicárselo a la autoridad correspondiente
- Negarse a dar documentación a oficiales de Policía
- Provocar daños en inmuebles públicos o privados que estén en la vía pública
- Dejar sueltos a animales que representen un peligro para la sociedad, así como abandonar a animales de compañía en la vía pública
- No contar con documentación legal y no denunciar su robo o pérdida
- Proyectar luces en el rostro de Policías y Elementos de Seguridad para obstruir su trabajo
Manifestantes de organizaciones sociales estiman que a partir del miércoles 1 de julio el ejercicio de los derechos de expresión, reunión y manifestación se basarán en la interpretación de las fuerzas de seguridad del Estado y el Ministerio del Interior.
La ley fue aprobada el 26 de marzo pasado con los únicos votos del Partido Popular (PP), aún en el gobierno, con mayoría absoluta en ese momento.