En materia de impartición y procuración de justicia “hay una deuda con la sociedad” reconoce el propio presidente de la república Enrique Peña Nieto y por ello se han impulsado una serie de cambios que mejoren el trabajo tanto de las procuradurías de justicia como de los juzgados, pues en una u otra instancia los ciudadanos han sido víctimas de abusos, ineficiencias y la corrupción de los servidores públicos.
Un ejemplo: en agosto de 2013 José, un ciudadano común, sufrió el robo de su camioneta en Calpulalpan, Tlaxcala. Acudió a levantar su denuncia ante la agencia del MP en ese municipio, donde fue atendido por Omar Bazán Carrillo. El vehículo fue encontrado luego de unos días por la Policía Federal y esta la puso a disposición de la autoridad.
Bazán se comunicó con José para darle la noticia y le pidió que le entregara los papeles de la camioneta para comprobar la propiedad y podérsela entregar. Pero cuál fue su sorpresa cuando dos semanas después ese individuo se fugó con sus papeles: no era agente del MP, era lo que se conoce como un “madrina”, es decir, alguien que trabaja para los servidores públicos, al margen de la ley, ofreciendo sus servicios para “agilizar trámites” o “resolver asuntos”.
Se presentó la denuncia respectiva y es cuando se le informa que Bazán no es agente del MP sino sólo una “Madrina”.
Historial delictivo
El 15 de diciembre de 2007 el Sol de Tlaxcala publicó: “El juez municipal, Omar Bazán Carrillo, fue denunciado ante la agencia auxiliar del Ministerio Público de Nanacamilpa por un vecino que lo acusó de disponer de 13 mil pesos que depositó en el juzgado José Gonzalo García Aguirre para cumplir con un adeudo”.
El 16 de marzo de 2014 e-consulta.com Tlaxcala publicó:
“Como resultado de los recorridos de seguridad los agentes de la Policía Ministerial adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, lograron asegurar a dos individuos que se hacían pasar por ‘judiciales’, además de portar insignias y uniformes apócrifos. Por tal motivo, Omar Bazán Carrillo de 32 años de edad y Miguel Alberto Bazán Tavares de 19, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Mesa de Detenidos, por el delito de usurpación de funciones públicas y uso indebido de insignias, instintivos o uniformes”.
El 16 de marzo de 2014 fue consignado al Reclusorio de Apizaco, Tlaxcala, bajo el poseso 68/2014 del Juzgado Penal 3º de Sánchez Piedras, por usurpación de funciones y uso de insignias.
Apadrinado
Cuando agarraron a Bazán Carrillo estaba en posesión de la camioneta de José y por ello también se inició el proceso 66/2014 por abuso de confianza en el Juzgado 1º de lo penal en Sánchez Piedras, Tlaxcala.
Pero resulta que ese sujeto actualmente está libre y los procesos en su contra no avanzan. Por ello los afectados se preguntan “¿quién lo apadrina?” porque además de salir del Reclusorio su ficha dactiloscópica se encuentra en “blanco” y eso levanta suspicacias en las víctimas de Bazán, quien por lo pronto sigue en libertad.