El pasado 29 de junio se publicó en la primera plana del periódico El Universal una extensa e interesante entrevista al general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.
Son varios los temas que pueden destacarse de las respuestas dadas por el alto mando del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea Mexicana, pero sobre todo, lo que más llama la atención es el tratamiento directo de varios asuntos e, incluso, planteamientos críticos cuyo principal beneficio es la manera en que se amplían las relaciones civiles militares en nuestro país.
Por principio de cuentas, la forma sesgada y prejuiciada en que se aborda la participación de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública, a petición de la sociedad, gobiernos y orden expresa del mando civil, van generando un sedimento negativo para procurar una solución de fondo en tan compleja problemática.
Las acciones de organismos multilaterales, como el Comité de Expertos Independientes (¿de quién son independientes?) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, opinan sin fundamento o profundidad alguna respecto de las limitantes jurídicas y políticas con las que actúan los militares en México para consolidar la democracia, recuperar la paz pública y recobrar la vigencia del Estado de Derecho.
El general Cienfuegos también hace una serie de señalamientos: que a propósito del inminente inicio de la nueva Legislatura se tome en consideración ese faltante legal que tenemos en México y que consiste en la necesidad de contar con una Ley de Seguridad Interior, una Ley de Defensa Nacional y, agregó y coincido con Daniel Merino, una Ley de Movilización para la Seguridad y la Defensa.
Desde luego que el objetivo fundamental de dichas leyes secundarias es proporcionar la certeza jurídica que requieren las Fuerzas Armadas para contribuir mejor en lo que, parece, será todavía un largo camino en su actuación para recuperar la paz pública.
Colaboración
De allí que para procurar un entendimiento a partir de lo que ya se ha hecho, y bien, se requiera de una mayor disposición de colaboración de los poderes Legislativo y Judicial.
Pues en los casos de Colombia e Italia, que enfrentaron un severo desafío por parte del crimen organizado, la victoria del Estado pudo concretarse solo cuando la participación de jueces y magistrados fue decisiva y con un pleno compromiso para hacer prevalecer los intereses de la sociedad.
En ese sentido, también el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional alude a las reformas al Código de Justicia Militar, que han afectado las condiciones internas de algunas operaciones en apoyo a las labores de seguridad pública.
Respecto del caso específico de los acontecimientos en Tlatlaya, Estado de México, no hay duda de que la lentitud en las investigaciones por parte del estamento civil solo abonan a la especulación y tergiversación de los hechos.
A un año, los avances en cuanto a procedimientos son muy pobres. Pero en cambio, ya se indemnizó a una de las familias de los civiles armados y señalados como delincuentes por los pobladores del municipio. Es decir, que ya se dio un paso muy importante para suponer su inocencia y ejecución por parte de los soldados. ¿Cómo hizo el Comité para llegar a la conclusión para resarcir el daño, si ni siquiera ha empezado el juicio?
Decisiones como esas deben estar plenamente fundamentadas pues, de lo contrario, generan la impresión de la falta de coordinación, de atender agendas paralelas a la de los intereses de la sociedad y el Estado mexicanos. Grave situación, de ser así.