Un no tan nuevo enfoque sobre el caso Tlatlaya

Javier Oliva Posada
Columnas
Ciefuegos
Foto: NTX

Hoy comienza, por fin, a haber un acuerdo explícito desde distintos ángulos de la opinión pública sobre algo que se ha apuntado desde hace meses (para no ir tan lejos, la semana anterior, incluso) en este amable espacio: que hay una inexplicable inacción civil para la creación y fortalecimiento de las policías locales.

Ya sean estatales o municipales, al menos desde 2008, año en que se crea el multimillonario Subsidio para la Seguridad Municipal, mejor conocido como Subsemun, así como otros recursos no menos cuantiosos como los asignados al Fondo Federal de Aportación a la Seguridad Pública, a la fecha no demuestran avances fehacientes en dicho objetivo.


Peor aún: la actividad de los militares en labores de seguridad pública sigue creciendo semana tras semana.

Conforme a los datos proporcionados por el general secretario de la Defensa Nacional en entrevista publicada el lunes 22 de junio pasado, hay casi mil 500 acciones diarias tan solo del Ejército y de la Fuerza Aérea en apoyo a la recuperación de la seguridad pública y la aplicación del Estado de Derecho.

Hemos cumplido diez años desde el Operativo México seguro, que fue el primer gran ejercicio de intervención contra el crimen organizado por parte de las Fuerzas Armadas en zonas densamente pobladas.

De entonces a la fecha podemos hacer una sencilla pregunta: ¿qué ha cambiado y qué se ha corregido en el sistema de seguridad pública?

Balance

Si nos atenemos a los ajustes realizados en el sistema educativo militar, en la estructura administrativa de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina-Armada de México, a las notables (y negativas) modificaciones al Código de Justicia Militar, a las incorporaciones de nuevas misiones en el adiestramiento del personal militar, así como el establecimiento de procedimientos y protocolos internos para mejor contribuir a la lucha contra el crimen organizado, es evidente que la parte civil correspondiente ha quedado atrás en el compromiso adquirido ante la sociedad en general.

Ya no se diga de tantas y frecuentes omisiones o errores del Poder Judicial y del Poder Legislativo en cuanto a la administración de la justicia y la creación de leyes apropiadas ante la gravedad del problema que enfrenta el país en varias partes de su geografía.

La discusión semántica y jurídica en torno del verbo “abatir” en el caso de Tlatlaya, Estado de México, demuestra qué tan lejos estamos de alcanzar la meta que todos los ciudadanos de bien queremos para nuestro país.

Los protocolos hasta ahora aplicados por las Fuerzas Armadas han sido de un muy alto nivel de eficacia. Ahora una acción, sobre la que todavía la autoridad civil no inicia el juicio después de un año, nos debiera remitir a dirigir nuestras preocupaciones también a la parte faltante de la autoridad civil en cuanto a la lucha contra el crimen, organizado o no.

La pregunta es de fondo: ¿quién gana o quién se beneficia con unas Fuerzas Armadas afectadas en su prestigio (aunque aparecen siempre en el primer lugar de aceptación ciudadana) y capacidad de operación? ¿A quiénes deben recurrir las poblaciones afectadas por la depredación de las actividades corrosivas de las bandas de delincuentes? Me cuestiono sobre si en eso piensan las organizaciones defensoras de derechos humanos, medios de comunicación afines a la crítica de la inmediatez e incluso autoridades que, por omisión, miedo o corrupción, no hacen su labor.

Por eso la conclusión de lo sucedido el 30 de junio de 2014 es qué se ha dejado de hacer por parte de la autoridad civil y la sociedad para que los integrantes de las Fuerzas Armadas sigan con la completa responsabilidad de recuperar la paz pública.